Foto: Daniel Casas
Justicia. De aprobarse la iniciativa, alcanzaría al gobernador del estado, auditor, diputados y magistrados
Los gobernadores, diputados, el auditor Superior del Estado y los magistrados quedarían sin fuero de aprobarse en el Congreso local la reforma a la Constitución para eliminar dicha figura en la entidad, en caso de ser procesados o declarados culpables por algún delito.
La iniciativa ingresó este miércoles al Pleno del Poder Legislativo a propuesta de la diputada morenista Vianey García Romero para reformar el artículo 22, el 41, la fracción 12 del 57, así como los párrafos primero, segundo y tercero del 126, además del 129 de la Constitución.
El análisis estará a cargo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de acuerdo con la legisladora local, busca “reafirmar la honestidad de los servidores públicos” y garantizó que no se utilizará como garrote político o parte de una cacería de brujas.
La propuesta contempla que el gobernador pueda ser acusado de delitos relacionados con su competencia de funcionario, así como del orden federal y del fuero común.
Además, indica que si un diputado, el mandatario estatal, magistrado o consejero de la judicatura del Poder Judicial del estado es procesado no podrán ser privados, restringidos o limitados de su libertad en caso de medidas oficiosas o preventivas, o hasta una sentencia condenatoria, a menos que lo autorice el Congreso.
Asimismo, niega que un servidor público que cometa un delito durante su ejercicio en el cargo pueda ser beneficiado con el indulto.
García Romero señaló que una vez que se discuta su iniciativa, se revisará si las medidas que propone pueden ser o no retroactivas.
La morenista aseveró que a la par de aprobar dicha iniciativa, es necesario legislar otras normativas como la del Poder Judicial y la del Congreso local para que no quede en letra muerta, así como la iniciativa a nivel federal.
PROPONEN SANCIONAR ABANDONO A MUJERES EMBARAZADAS
En otro tema, la diputada por Encuentro Social, Mónica Lara Chávez, propuso que se sancione el abandono de mujeres embarazadas, así como incrementar las sanciones a quien abandone a un adulto mayor, al reformar el artículo 346 del Código Civil del estado y adicionar el artículo 346 Bis.
Según la iniciativa de decreto, a quien deje a su suerte a un adulto mayor se le impondrá un castigo de tres meses a cinco años de prisión.
Asimismo, a quien embarace a una mujer sin causa justificada e incumpla sus obligaciones de apoyo y alimento, podría alcanzar una pena de nueve meses a seis años de prisión y el pago de alimentos de su hijo o hija.
La pena se duplicaría en caso de que en ese abandono aparezcan lesiones a la madre, como al menor en gestación.
Lo anterior luego de que justificara que en Puebla tres de 10 hogares son mantenidos por madres solteras o separadas y debido a que seis de cada 10 jefas de familia ganan menos de cinco mil pesos al mes, un promedio de 160 pesos diarios.
“El abandono de una mujer en estado de gravidez las coloca en un estado de indefensión e insolvencia para afrontar las necesidades que se presentan durante el embarazo”, señala el documento.