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Justicia. Para la familia Castelán todo cambió hace más de tres años con el asesinato de Gizéh; pese a que dos de los inculpados han confesado aún no hay sentencia, tampoco respuesta de la pensión por orfandad que debió otorgar el ISSSTEP.
Aunque parece ser un martes cualquiera, no es así. Para la familia Castelán es un día más sin que haya justicia para Gizéh. Trabajadora, hija y madre, a sus 26 años fue asesinada hace tres años con tres meses y todavía no hay sentencia para los presuntos feminicidas, dos de ellos ya confesos.
“Ha sido un calvario”, narra su padre Vicente entre un cúmulo de demandas sociales a las afueras de Casa Aguayo, durante la jornada de atención del martes ciudadano. A la par, tres familiares más sostienen una lona con la foto de la mujer y la leyenda “Ni olvido ni perdón, exigimos justicia”.
El dolor se respira en el ambiente, pero también la esperanza de que los culpables sean castigados: cuatro personas que le quitaron la vida de 30 puñaladas el 2 de octubre de 2016, tras haberla interceptado en el camino rumbo a su casa y abandonado su cuerpo en Azumiatla.
Esa misma noche, en el hogar de Gizéh la esperaba su hijo. El encuentro entre ambos ya no fue posible, ese día la vida cambió para toda una familia, la cual no ha perdido la fe y continúa buscando apoyo al respecto.
“Vine el 3 de septiembre del año pasado, a pedir que a mi caso se le diera celeridad. Al principio venía, me atendían amablemente, me citaban con cierta regularidad. Ahora me niegan el acceso. Me ofrecieron un apoyo económico, no se me ha dado, y sólo quiero saber si se me va a dar o no” dijo.
Y es que, sea martes o jueves, sábado o lunes, jamás un día volverá a ser normal para Vicente y su familia, todos serán días de lucha para que haya justicia, justicia para Gizéh, justicia para las mujeres asesinadas en Puebla.
ATRASOS Y NEGOCIACIÓN
Casi cuatro años después del atroz asesinato, la impotencia y frustración continúan. Vicente denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha intentado “negociar” el perdón y condonar el resarcimiento del daño a los presuntos feminicidas.
“La Fiscalía ahora me está pidiendo que se lleve un juicio abreviado, que yo les dé el perdón y con eso la juez les reduciría la pena. No se me hace justo, están pisoteando mis derechos. La audiencia intermedia con esas personas se ha diferido por lo menos 25 veces, en enero tuvimos tres citatorios para la audiencia, los tres se difirieron, en una de ellas ni siquiera llegó el Ministerio Público”, sentenció.
A lo anterior, se suma que el ISSSTEP —donde trabajaba Gizéh— ha retrasado el otorgamiento de una pensión al menor de edad que quedó huérfano. La institución, dice, únicamente le ofreció 18 mil pesos.
“Aunque se marca que en caso de fallecimiento de trabajador, los hijos que queden en la orfandad tienen derecho a una pensión, no me la han reconocido, estamos en un litigio y el caso no avanza ni para atrás ni para delante”, agregó.
COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS
El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, aseguró que “en próximos días” será instalada la Comisión de Atención a Víctimas de Delitos, a fin de atender, por ejemplo, a los familiares de víctimas de feminicidio: “Esto dará la posibilidad de atender a los afectados por situaciones que derivan de la violencia de distintos tipos”.