La hora de la verdad

El gobierno de Miguel Basora se someterá en las próximas horas a una contundente prueba de poder, firmeza y gobernabilidad.
Este miércoles 12 de febrero vence el plazo para que los concesionarios del transporte público cumplan los compromisos hechos tres meses atrás, cuando la tarifa al precio del pasaje incrementó un 40%, pasando de 6.00 y 6.50 a 8.00 y 8.50 pesos respectivamente.
Lo anterior representó un duro golpe para la economía de los poblanos y un alto costo político para la administración de Barbosa Huerta que, en aquel momento, llevaba poco menos de 90 días tras haber asumido el poder.
Se argumentó en aquel entonces que el aumento a la tarifa era necesario, dado que no había sufrido modificación alguna desde hacia cerca de 10 años.
El último ajuste se hizo en la recta final del priista Mario Marín Torres por apenas 1 peso.
Con tal de aplicar el incremento, los concesionarios del transporte colectivo se comprometieron a una serie de acuerdos relacionados a la modernización de sus unidades, mantenimiento integral, implementación de medidas de seguridad con la instalación de sistemas de video vigilancia conectados al C5, así como capacitación a sus conductores sobre todo para que dejen de provocar accidentes imprudenciales, muchos de ellos que han derivado en la muerte de decenas de peatones.
Nada de eso o muy poco se ha cumplido.
Existe una seria tensión e incertidumbre sobre lo que vendrá a partir del jueves 13, puesto que la mayoría de las unidades siguen en mal estado, no existen sistemas de videovigilancia y si los hay, son bajo aparatos improvisados o bien, simulando su existencia pero sin funcionar.
Los asaltos a las rutas del transporte continuan y en muchas ocasiones huele a complicidad con los propios conductores.
Precisamente, en cuanto a los choferes, éstos siguen cometiendo excesos desde jugar “carreritas”, poner en riesgo la vida de los usuarios, transitar con las puertas abiertas y con sobrecupo de ocupantes; levantar pasaje en lugares prohibidos, pasarse la luz roja del semáforo, pararse en linea peatonal, conducir por encima de los limites de velocidad, tener los asientos y pasamanos en pésimo estado, entre un larguísimo etcétera.
Y qué decir de las unidades las cuales ya sobrepasan su vida útil. Hay algunas que son viejísimas por lo que sus niveles de contaminación son criminales al medioambiente. Transitan con las llantas lisas, las luces son inservibles, los limpiaparabrisas apenas y funcionan, entre otras.
Cada día, los usuarios ponen en evidencia a través de las redes sociales la falta de mantenimiento de sus unidades y la forma cómo los choferes violan las leyes de transito, una y otra y otra y otra vez.
A los transportistas lo que les urgía era al incremento a toda costa y llenarse los bolsillos a manos llenas, porque con el paso de las semanas, fueron encontrando pretextos para no cumplir con su parte del acuerdo.
Hoy existe un grupo que ha decidido, sin más, decir que no se va a cumplir con las mejoras integrales al servicio, para favorecer al usuario.
Con total desfachatez y sin vergüenza, han anunciado que buscarán ampararse para que el Gobierno de Puebla no actúe.
“Que se mantenga el precio actual pero no habrá mejoras en el servicio”, concluyen entre ellos.
Por eso, los ojos de la opinión pública miran al Gobierno del Estado ante esta prueba de fuego.
Anunció el gobernador Barbosa que les retirará las concesiones sin miramientos y que no habría prorroga en el plazo.
De ejecutar este anuncio, fortalecería y marcaría positivamente su mandato, pues estaría en condiciones de demostrar que el Estado de Derecho se aplica y la justicia es una realidad en Puebla.
“Nada ni nadie puede estar por encima de la ley”, podrá decir, porque el aumento en el costo del pasaje es un tema que incide de manera directa en el 70% de la población usuaria del transporte colectivo.
Y no se extrañe si estos transportistas “parasitos” -la mayoría, que no todos- llegan a anunciar  un paro con el fin de ejercer presión y evitar que les quiten a su “gallina de los huevos de oro”.
Ahora que, si creen que a pesar de un aumento en el pasaje “el negocio ya no es negocio”, entonces que se hagan a un lado y que se dediquen a otra cosa.
Dejar sin concesión a esos transportistas que han sido vividores desde antes y durante el sexenio de Mario Marín, será una suerte de justicia social para quienes han tenido que ajustar su presupuesto familiar a fin de hacer frente a este aumento que se hizo efectivo a partir de noviembre del año pasado.
El reloj avanza y la expectativa crece… es la hora de la verdad.