Lejos de aprender la lección y evitar abusar de su poder en beneficio personal, lo que accionó el juicio político en su contra, el presidente Donald Trump aprendió que su control absoluto sobre los senadores republicanos que lo absolvieron sin el proceso que marca la Constitución le dieron impunidad los próximos 9 meses… tiempo en que podría incurrir en más irregularidades para asegurar su reelección, valiéndose de “canibalismo” político con todos quienes aspiran a sustituirlo, incluyendo a los demócratas.
Furioso por la “falta de lealtad” de sus servidores, Trump lanzó una guerra, sediento de venganza y represalias contra quienes testificaron contra él o no lo defendieron durante el proceso; ahora la pugna va dirigida al Departamento de Justicia.
Esta guerra es la continuación de una larga cadena de despidos: los embajadores Marie Yovanovitch, Gordon Sundland, Kurt Volker y William Taylor; los coroneles Alexander Vindman y su hermano, Yevgeny Vindman... mientras tiene en la mira al inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, entre otros.
Intenta reducir sentencia a Stone
Su abuso más reciente tuvo lugar esta semana.
Apenas trascendió que fiscales federales propusieron a la juez Amy Berman Jackson sentenciar entre 7 y 9 años a su amigo y aliado político, Roger Stone, consignado el 15 de noviembre por mentir al Congreso y al FBI sobre sus gestiones para obtener y difundir mensajes electrónicos de Hillary Clinton de hackers rusos y que entregó a WikiLeaks para su difusión, así como por intimidar a testigos. Trump argumentó a través de Twitter que “el juicio fue injusto”.
En respuesta inmediata, en un acto sin precedentes en la historia del Departamento de Justicia, el procurador general, William Barr, ordenó a los fiscales “retirar su propuesta y presentar una nueva” pidiendo una sentencia mínima para Stone.
“Felicitaciones al procurador general Bill Barr por hacerse cargo de la situación que estaba totalmente fuera de control”, tuiteó Trump.
Fiscales lo rechazaron… Y renunciaron
Como era de esperarse, los cuatro fiscales de carrera a cargo del caso no siguieron las instrucciones de Barr, tres de ellos renunciaron a continuar en el caso y, uno mas, presionado, abandonó el Departamento de Justicia.
Los demócratas criticaron la actitud del procurador y pidieron que se abra una investigación en el Congreso para que, en caso de encontrarlo culpable, pidan su destitución.
“Lo que hizo el político (William Barr) fue ordenar una medida en favor de un amigo del Presidente, lo que daña sustantivamente el papel del ‘imperio de la Ley’ y la percepción de la justicia”, estimó Chuck Rosenberg, ex administrador de la DEA y ex fiscal federal, quien se dijo orgulloso de que los fiscales renunciaran, pero lamentó que se vieran obligados a hacerlo.
“La forma de tratar casos sensitivos da la apariencia de política, que es parte de un juego, cuando el Presidente percibe a un enemigo político”, agregó Gregory Brower, quien fue fiscal federal y funcionario del FBI, “la habilidad de solo apuntar a la investigación de una persona puede tener un efecto devastador y un potencial beneficio político para la persona orquestando la investigación”.
Barr ordena más investigaciones… solicitadas por Trump
La conducta del procurador William Barr, incondicional del Presidente, generó preocupación, ya que con una historia de manipulación similar a la del Reporte Mueller, sobre la injerencia rusa, ahora prepara otras investigaciones con propósitos similares.
Barr ordenó abrir una investigación sobre el ex vicepresidente demócrata, Joseph Biden, y su hijo Hunter, con materiales que Rudy Giuliani obtuvo de funcionarios ucranianos que fueron despedidos por corrupción, como Viktor Shokin y Yuri Lutshenko.
Esa información fue turnada a la oficina del fiscal federal en Pittsburgh, para que la investigara.
No sólo eso, el Presidente busca la impunidad para al menos cuatro colaboradores de su equipo de campaña, que reconocieron sus delitos y fueron sentenciados o están por serlo.
Ordena revisar casos de colaboraciones sentenciados
Por ejemplo, Barr pidió a fiscales fuera de Washington revisar el manejo del caso criminal contra el general retirado Michael Flynn y otros casos sensibles de seguridad nacional y procesos de corrupción pública.
Por ejemplo, el caso del Flynn, asesor en materia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca por menos de un mes, es analizado con “asesoría” del fiscal Brandon Van Grack, empleado de Barr.
No presentarán cargos contra ex directores del FBI
Para balancearlo, el Departamento de Justicia, determinó no presentar cargos criminales contra James Comey, a quien despidió de la Dirección del FBI, porque lo estaba investigando, igual que de Andrew Mc Cabe, a quien nombró en sustitución de Comey y a quien después despidió maliciosamente, 3 días antes de que se retirara al cabo de una larga carrera en el FBI, privándolo de su pensión, lo que desató la furia del presidente, de acuerdo a fuentes de la Casa Blanca.
Tampoco se presentarán cargos criminales contra Hillary Clinton quien fue su contendiente en la elección presidencial de 2016 y a quien pedía “encerrar” en sus actos de campaña.
En documentos obtenidos bajo el Acta de Acceso a la Información, el Juez Federal Reggie B. Walton, advierte que “el caso atrae la atención del publico y que los comentarios del Presidente Trump y la Casa Blanca son en detrimento de la confianza”.
“Creo que como gobierno y como sociedad, vamos a tener que pagar un alto precio, en algún momento dado, a causa de esos comentarios.
Los casos de algunos colaboradores del equipo de campaña de Trump podrían dar un vuelco, con la transición del liderazgo de la exSubProcuradora Jessie K. Liu, quien renunció y será sustituida por el fiscal federal Timothy Shea, ex consejero del Procurador Barr.
Giuliani enfrenta amplias investigaciones en NY…
Mientras tanto, Rudy Giuliani, cuyo trabajo en Ucrania accionó el juicio político contra el presidente Trump, enfrenta una amplia investigación de fiscales federales del Departamento de Justicia en el Distrito Sur de Nueva York que han contactado, entrevistado y obtenido evidencia de testigos.
La investigación incluye a quienes fueron sus socios: Lev Parnás, quien ahora testifica y aporta evidencia contra él y contra el Presidente Trump e Igor Fruman, ademas de otros dos inversionistas, entre otras cosas, sobre el trabajo para el Presidente Trump, buscando información negativa de los Biden, mintiendo para que la embajadora Marie Yovanovitch fuera removida y finalmente presionada para que renunciara, por Mike Pompeo, el Secretario de Estado.
Los socios de Giuliani -consignados de violar la ley de financiamiento de campañas y no registrarse como agentes extranjeros- han sido interrogados sobre dos compañías que tenían conexiones con Parnás, Fraud Guarantee (Garantia Contra el Fraude) de la que Giuliani recibio medio millón de dolares en 2018, que aportó Charles Guccicardo, abogado de Nueva York, de acuerdo a Randy Zelin, así como la empresa Naftogaz. empresa de gas propiedad del Estado de Ucrania, con la que Parnás y Fruman buscaron hacer negocios el año pasado.
También se investiga la empresa Clickagy, dirigida por Harry Maugans, basada en Atlanta que aprovecho las conexiones de Parnás en el Partido Republicano, para conseguir un contrato con “America Primero” un Super Comité de Acción Cívica en favor de Trump.
Barr aparece en TV para dar impresión de Independencia
Bajo un alud de criticas y protestas, el procurador general William Barr apareció en la televisión para contener las criticas, en el esfuerzo de aparecer como el “defensor de la independencia histórica del Departamento de Justicia”, diciendo que “deben cesar los tuits del Presidente sobre casos criminales que lleva el Departamento de Justicia”.
“Creo que es tiempo de tuitear sobre los casos criminales del Departamento de Justicia” dijo Barr, en entrevista a la cadena de TV ABCNews, a la que informó que “había tomado la decisión de proponer una sentencia menor, antes de que le dijera el Presidente”.
A lo que Trump, respondió, negando ahora que dió instrucción alguna al Procurador, sobre el caso de Stone, pero “aclarando” que “no es que no tenga, como Presidente, el derecho legal de hacerlo, solo que optó por no hacerlo.”
De acuerdo a analistas, “los crímenes por los que fue convicto Roger Stone y el hecho de que fue sorprendido amenazando a un testigo, justifica la petición de los fiscales” y aseguran que “el papel más importante de un procurador es proteger al Departamento de Justicia de una influencia política, incluyendo del Presidente, y Barr hizo exactamente lo contrario”.
Con información de 24 Horas El Diario Sin Límites.