El gobierno de Puebla tiene la obligación de habilitar mecanismos virtuales y telefónicos para atender la violencia familiar que existe tras el confinamiento por el Covid-19 que inició en marzo y no ignorarla como actualmente lo hacen algunas instituciones, señaló Norma Pimentel, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo Puebla.
La abogada resaltó que dependencias como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Fiscalía General del Estado (FGE) no están dando respuesta a las peticiones de las mujeres que sufren violencia en tiempo de la pandemia del coronavirus.
“Hemos hecho llamadas a los números institucionales y no las atienden, les dan largas y no dan acompañamiento. Hemos tenido que luchar contra corriente porque cuando las mujeres acuden a una instancia pública, estando en pandemia o no, les dicen que tiene la culpa, que lo provocó un acto de ellas, que básicamente se tenía que estar aguantando porque el amor lo soporta todo”, dijo.
Afirmó que sólo el Sistema DIF Municipal y la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Puebla han encontrado respaldo para apoyar a las mujeres que están conviviendo con sus agresores y que buscan romper el círculo vicioso.
Norma Estela Pimentel destacó que habilitar mecanismos que operen de forma paralela a las instituciones les brindará a las mujeres un mecanismo que las apoye a salir de la depresión y donde se sientan acompañadas y los agresores no sientan que pueden ser impunes.
La presidenta de la Barra de Abogados especificó que el gobierno de Puebla reportó una disminución del 19% en la violencia familiar; sin embargo, recalcó que es debido a que las autoridades están levantando las denuncias en menor cantidad.
Además, afirmó que hay una discrepancia entre las cifras que emite el ejecutivo estatal, las que da a conocer la Fiscalía General del Estado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional Público (SESNP).
“Hay discrepancia en lo que menciona el gobernador, lo qe reporta la fiscalía en este sitio y lo que reportan a nivel nacional, es preocupante porque en lugar de generar discrepancias, hay que generar acciones claras para el apoyo”, puntualizó.
La abogada especificó que la Organización de Naciones Unidas alertó sobre un 60 por ciento más de llamadas para pedir auxilio por violencia al 911 y un 30 por ciento de incremento en los asilos para mujeres. Sin embargo, reconoció que no hay paquetes fiscales destinados a nivel nacional y federal para atender la problemática luego de que se haya hecho un recorte económico.
Externó que actualmente es necesario que se hagan más refugios o se habiliten hoteles como en España e Italia para mujeres violentadas, pues a diferencia de otros tiempos, las víctimas de violencia en tiempos de Covid-19 no podrán ser respaldadas por gente cercana a ellas.
“En otras ocasiones existe la posibilidad de romper el círculo de violencia, de encontrar los apoyos con familia o amigas, redes o encuentran algún aliado y en este momento es fundamental que las acciones se enfoquen a esta parte de prevención en el hogar”, dijo.