España no termina de resolver un conflicto cuando comienza otro. Ayer el Tribunal Supremo confirmó un fallo que le prohíbe al gobernador de Cataluña, Quim Torra, ocupar un cargo público durante 18 meses, por lo que salió del Gobierno anunciando que apelará la sentencia.
Esto se da el mismo día en que Madrid se polariza respecto a las restricciones que se tuvieron que aplicar por los rebrotes de Covid-19.
Torra dijo más tarde que habrá nuevas elecciones regionales en los próximos meses, y describió la decisión judicial como una maniobra política para derrocar al Gobierno catalán.
El diputado catalán Pere Aragonés se convertiría en jefe interino para proponer un sustituto que, de no ser aprobado, da paso a los nuevos comicios.
“Esto tiene que ser un punto de inflexión. Debe haber un nuevo plebiscito para confirmar el referéndum del 1 de octubre”, dijo Torra, refiriéndose a una votación sobre la independencia de 2017 que fue declarada ilegal por los tribunales.
“Seguiré trabajando incansablemente por la libertad de Cataluña desde cualquier otro espacio desde el que pueda ser útil”, espetó.
Todo esto se presenta cuando el enfrentamiento entre las autoridades regionales de Madrid y el Gobierno español sobre cómo contener el creciente número de casos de coronavirus en la capital provoca un creciente descontento entre los residentes de las zonas más pobres, que se sienten discriminados.
“No se ponen de acuerdo entre los políticos y los más afectados somos los pobres siempre”, dijo Daisy Mencía, una residente del barrio obrero de Vallecas, que entra en su segunda semana de confinamiento parcial.
Madrid amplió el viernes el cierre parcial a un total de 45 áreas de salud con altos índices de infección, la mayoría de las cuales se encuentran en barrios de rentas bajas, lo que provocó las acusaciones de discriminación.
LEG