El arte del deslinde es el de Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, que bajo la alianza del Partido Acción Nacional-Revolución Democrática, urdida bajo la tutela de dos figuras en Puebla: Rafael Moreno Valle, fallecido en 2018 y Eukid Castañón, su operador hasta la fatídica tarde del 24 de diciembre en que perdió la vida.

El mandatario quintanarroense enfrenta uno de los más difíciles periodos de su gobierno tras la represión desatada por policías municipales de Benito Juárez (Cancún), en contra de una manifestación que condenaba los feminicidios que lastiman a la población de ese idílico lugar.

El más reciente deslinde sucedió cuando aún ardía la plaza pública a las afueras del palacio municipal al responsabilizar a la autoridad local la ausencia de control y protocolos de los elementos policiacos.

La actuación escurridiza de Joaquín se enfrentó con las palabras de la presidenta municipal Mara Lezama Espinosa, que recordó la existencia del mando único, entre  cuyas potestades se encuentran el control de las policías de sus once municipios.

No es la primera ocasión que el cozumeleño intenta deslizar culpas por sus actuaciones públicas para conseguir metas en su carrera política.

Hasta antes del dislate que arrojó como saldo dos reporteros de medios locales heridos de bala y al menos seis personas desaparecidas, tuvo lugar la negación sobre su relación con el hombre que ahora enfrenta imputaciones como manejo de recursos de procedencia ilícita, extorsión y los que resulten, en el penal de Altepexi de Rodríguez.

Fue en la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí, en agosto pasado, cuando decidió negar a quien proveyó recursos económicos y políticos, proveedores y negocios en la campaña que le permitió acceder al poder el 25 de septiembre de 2016: Castañón Herrera.

Ubicado a un costado del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, minutos previos al inicio de los trabajos de los mandatarios congregados, saltó a la mesa el encarcelamiento del poblano que se había convertido en vecino de Bacalar, la paradisiaca laguna chetumaleña.

Como Pedro, en el pasaje bíblico, Carlos Joaquín ha negado sistemáticamente la influencia que Moreno Valle y Eukid Castañón tuvieron en la toma de decisiones desde el periodo de la campaña hasta la primera mitad de su gestión.

La “mafia poblana” llamaron quintanarroenses que vieron con azoro la llegada de un creciente número de personas que fueron incrustadas en el naciente gobierno de alternancia como la Secretaría de Finanzas y Contraloría, dos áreas que el ahora imputado en Puebla conoce como la palma de su mano.

Como sucede con la actual crisis política en Cancún, en aquellos días el gobernador intentaba distraer la atención pública sobre el evidente y obvio pago de facturas al grupo político poblanos que le había ayudado a conseguir la candidatura, ganado la campaña y diseñar las políticos de su atropellada gestión.

La conversación entre Carlos Joaquín y Miguel Barbosa en el contexto de la plenaria de Conago se selló con otro deslinde: Castañón en su gobierno fue sólo para contratar servicios de contraloría, dijo, y luego siguió el silencio.

 

Parabólica por Fernando Maldonado