Rush Hour es un documental que retrata las historias desde una narrativa coral de tres personajes que viven en tres ciudades del mundo: la Ciudad de México, Los Ángeles y Estambul. La problemática social de las historias radica en la sustentabilidad en materia de movilidad urbana que se traduce al sacrificio de convivencia desde el seno familiar al momento de trasladarse a sus lugares de trabajo; es decir, los tres protagonistas pierden varias horas de su tiempo en el tráfico cuando se trasladan de sus casas a sus centros de trabajo y viceversa, debido a una clara división de los estratos sociales que obliga al más desprotegido a radicar lejos para economizar su sueldo.
Cabe señalar que las tres ciudades que retrata el documental, históricamente adoptaron un modelo de movilidad hegemónico autocentrista basado en un sistema economómico estadounidense, por lo que el espacio público fue designado para beneficiar al más empoderado y no así para quien utiliza medios más sustentables como el transporte público o la bicicleta, generando externalidades negativas como: consumo excesivo de energía, ruído, contaminación del aire, estrés, hábitos sedentarios, desperdicio del suelo urbano, aumento de costos por servicios, inseguridad y hasta depresión.
Para contrarrestar esta problemática se tendría que realizar un conjunto de acciones encaminadas a resolver problemas medioambientales y sociales causados por la generalización de un modelo de transporte urbano basado en el automóvil particular, la propuesta —desde el sentido de la movilidad— es basada en el rediseño del espacio público que logre el cambio de paradigma en la conducta de la cultura de la movilidad, para lograr fomentar la competitividad a través del desarrollo orientado al transporte, mejorando así la integración social a través de la accesibilidad universal y promoviendo un modo de vida más saludable.
También es importante recordar que la fundación y construcción de ciudades —como la de México— fue edificada por normas urbanas que gobiernos y sociedades de élite las consideraron como “orden urbano”, descalificando así a viviendas y barrios construidos por la población de bajos recursos que a su vez fue excluida del suelo, vivienda y de servicios básicos como el agua. Además que estos asentamientos muchas veces son negociados por la misma autoridad que designa los permisos para el desarrollo territorial e incluso se recurre a la expropiación de terrenos de propiedad social-ejidal para la regularización de estos asentamientos. Es así como el gobierno, por un lado, prohibe y condena asentamientos humanos irregulares; y por otro lado, de manera selectiva, regulariza terrenos.
Hace algunos días, desde el Congreso de Puebla se dio el primer gran paso al reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Puebla y la Ley de Vialidad para el Estado con el fin de garantizar la movilidad y el desplazamiento de las personas, privilegiando el cuidado del medio ambiente.
Aún falta mucho, pero al menos ya se tomó la iniciativa.
Ecosistema Digital
Carlos Miguel Ramos Linares
@cm_ramoslinares