Manazos, pellizcos y jalones de orejas como castigo para niños quedarán prohibidos, así como todo tipo de sanción corporal y humillante como forma de corrección o disciplina.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal, que prohíben dichos castigos.
Las reformas, que fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación, establecen que queda prohibido no sólo para la madre o padre el uso de castigos o humillaciones, sino para cualquier persona en la familia que ejerza la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza.
El dictamen define el castigo corporal o físico como todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
Mientras que el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes.
Acerca de las sanciones, éstas se basarán en el delito de violencia familiar, como agresión física o psicológica y de acuerdo al tiempo que tarden en sanar las lesiones.
Las penas en estos casos van de los tres meses a los ocho años de prisión y la pérdida de la patria potestad.
Aprueban registro de celulares
Los legisladores aprobaron modificaciones a la ley para obligar a los usuarios de telefonía celular a registrarse con identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos en el Registro Nacional de Usuarios, esto como una medida para combatir el secuestro y la extorsión.
Se estableció que toda la información técnica y operativa correrá a cargo de las concesionarias de telecomunicaciones. El dictamen fue enviado al Senado para su revisión.
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