En Puebla se acabó el modelo de negocios al servicio de personas y empresas en el que gobiernos anteriores habían convertido la administración pública, no se ha tolerado ningún acto de corrupción, se ha saneado el servicio público, la cual es austera y transparente y no hay más burocracia dorada, derroches ni dispendios.

Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que con el objetivo de salvaguardar el patrimonio de las y los poblanos, se investigan operaciones financieras, el funcionamiento de las Notarías Públicas, las relaciones contractuales y concesiones de RUTA, la operación del CAPCEE, la venta de inmuebles del Gobierno del Estado, el Tren Turístico Puebla – Cholula, el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla, el Teleférico, la destrucción y venta de Flor del Bosque y la asignación ilegal de títulos profesionales en beneficio de operadores políticos, entre otros temas.

Además, para combatir la impunidad, se impulsó la prevención y detección de conductas que pudieran constituir delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se han presentado 12 denuncias por un monto de mil 259 millones 392 mil pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior, como resultado de la investigación a 166 personas físicas y morales, identificando probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2 mil 766 millones 836 mil pesos.

En cumplimiento a la Ley del Notariado, que regula la organización y eficacia jurídica del instrumento notarial, se realizó una revisión exhaustiva a 29 notarías del estado que fueron otorgadas durante la Administración 2011-2017, de las cuales, se anuló la Patente de Notario a 21 por haber sido expedidas de forma irregular.

Por otra parte, se presentaron juicios de nulidad administrativa, correspondientes a la venta de inmuebles que realizaron administraciones anteriores a particulares, y cuyo monto de afectación al patrimonio de las y los poblanos fue de más de mil millones de pesos.

El Gobierno de Puebla, identificó y recuperó el patrimonio sustraído en pasadas gestiones estatales; durante la investigación, se detectaron métodos de operación recurrentes de grupos políticos e inmobiliarios que ostentan todavía en algunos casos y de forma indebida, gran parte del patrimonio de las y los poblanos. Estas medidas de protección a la heredad poblana han arrojado resultados con un valor inmobiliario establecido en 919 millones 880 mil 837 pesos, vislumbrando con certeza la recuperación total del patrimonio poblano, para el término de la administración estatal, aplicando los controles suficientes para evitar la desaparición del mismo en un futuro y habiendo entregado ante el imperio de la ley, a todo actor involucrado en las mencionadas operaciones simuladas.

En lo que refiere al sistema de recaudo de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), se detectaron fórmulas para pago en beneficio de los concesionarios; durante su ejecución y puesta en marcha, se presentó información con sobre costo en la inversión reportada por la empresa de recaudo y en la operación se informaba de manera incompleta los recursos recaudados, estimando una pérdida por un monto mensual de hasta 40 millones de pesos. Esto tuvo como consecuencia que, el Gobierno de Puebla tuviera que erogar recursos significativos para la operación, volviéndolo un sistema de transporte incosteable; por lo tanto, se llevaron a cabo los procesos de intervención de las Líneas 1, 2 y 3, dando pauta al inicio del proceso de transición hacia un nuevo sistema de recaudo, eficaz y transparente.

Además, se encontraron irregularidades en contratos de 27 obras de los espacios educativos realizados a través del Comité Administrador Poblano para la Creación de Espacios Educativos (CAPCEE), donde se han detectado anomalías por un monto de 204 millones 748 mil 610 pesos, mismas que afectaron a 928 instituciones educativas por esta situación.

También se detectaron irregularidades en la expedición de títulos profesionales, mimas que fueron notificadas al OIC del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP). En este sentido, se han presentado 26 denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de ex-alumnos, entre ellos, servidores públicos, por su presunta participación del hecho que la ley señala como “uso de documento falso”, y que a su vez se remitieron a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla.