Las ganancias generadas por las diversas irregularidades cometidas por funcionarios de esa administración fueron escandalosas
Por Guadalupe Juárez
Desde la obra emblemática del sexenio de Mario Marín Torres, La Célula, hasta el bulevar Vía Atlixcáyotl –de las arterias más transitadas de la ciudad– todas estuvieron plagadas de irregularidades durante la gestión de Javier García Ramírez como secretario de Desarrollo y Obra Pública.
Los retrasos en la entrega de las obras marinistas y el evidente cambio de nivel de vida del funcionario fueron los detonantes para que las autoridades estatales de la administración actual iniciara las investigaciones correspondientes, las cuales arrojaron que el exfuncionario habría incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito.
García Ramírez llegó de la mano de Marín Torres al municipio de Puebla en el periodo 1998-2001, como secretario de Obra Pública, y en 2002 al gabinete del gobierno del estado, donde estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (Seduop).
El portal de noticias Poblanerías documentó que el funcionario marinista era propietario de la constructora Construcciones y pavimentos del Centro, SA de CV, con la cual prestaba servicios a la administración estatal, autocontratándose.
También estuvo relacionado con la casa de bolsa Vector, la cual se vinculaba con su secretario particular, de la cual cobraba 20 por ciento de las comisiones que eran invertidas en esta financiera.
Las propiedades lujosas –a nombre de sus hijos y esposa– en Jardines de Zavaleta, un departamento en la Reserva Atlixcáyotl, así como un terreno en la colonia Villa Encantada son los inmuebles que dieron cuenta de su nivel de vida al ocupar un cargo público.
Una reportaje de El Universal indicó que García Ramírez ejecutaba obras que duplicaban el costo real, además de exceder los tiempos de planeación. Un ejemplo –cita el rotativo– fue la construcción del Centro Expositor, ubicado en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, que tuvo un sobrecosto de 80 por ciento, al pasar de un costo de mil millones a mil millones 800 mil pesos.
Otros funcionarios marinistas
En diciembre pasado el Congreso del estado inició Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) contra Alfredo Arango García, titular de la Secretaría de Salud, y Rodolfo Chávez Carretero, quien estaba al frente del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Deportivos, por no comprobar el uso de los recursos públicos de sus cuentas en 2011.
En 2012, el Congreso aprobó un proceso contra Arango García por no comprobar el uso de 8 mil millones 464 mil 383 pesos de pesos de la cuenta de 2010, de los cuales habrían detectado un daño patrimonial al erario por 6 mil 700 millones de pesos y una deficiencia en el uso de recursos públicos de mil millones 805 pesos.
Entre las irregularidades había gastos sin documentación, obras sin fianzas de vicios ocultos, falta de contratos, otras irregularidades y la falta de padrón de contratistas.
Arango García fue detenido en 2012, pero liberado al pagar una fianza de 1.5 millones de pesos.
Otros funcionarios también implicados en actos ilícitos en el manejo de recursos son Víctor Manuel Hernández Quintana, quien se desempeñaba como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Juan Manuel Alcántara Silva, exjefe de Logística de la SCT de entonces, consignó El Universal en 2012.
Las propiedades de García Ramírez
Al frente de Desarrollo Urbano y Obra Pública García recibía un sueldo de 93 mil 418 pesos mensuales; su fortuna se calcula en 23 millones de pesos y 32 propiedades.
Durante su gestión al frente de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública Javier García Ramírez no entregó ninguna obra en tiempo y forma; Además de los retrasos, a García Ramírez se le imputaban acusaciones de prácticas tales como cobro de diezmos irregulares, inflar costos de obras y la utilización de materiales de baja calidad.
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Durante su periodo en el gabinete de Mario Marín Torres como gobernador (2005-2010), García Ramírez compró dos departamentos de lujo en Residencial Palmas con valor de 5.8 mdp, la residencia en Jardines de Zavaleta con valor de 6 mdp, una casa en Los Héroes con crédito Infonavit, otra en La Paz y dos terrenos, entre otras propiedades.
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El otro caso de enriquecimiento
El primer funcionario público de la administración estatal de Puebla que pisa la cárcel acusado de sumar riqueza en forma inexplicable por la vía honesta fue Alfredo Arango García, y ésta es su historia, en breve
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Las dudas llovieron sobre el patrimonio de Arango porque se halló a su nombre una serie de bienes inmuebles con particularidades.
Por ejemplo, entre las rarezas se halló que su fortuna aumentó 54 millones de pesos que no se explicaban por el sueldo que ganaba como funcionario, tiempo en el que resultó con las propiedades que acumulaban esa suma
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¿Prestanombres?, ¿rico exprés?
Las dudas llovieron sobre el patrimonio del hijo de Arango porque se halló a su nombre, y comprados en dos años:
- Una casa en la colonia Benito Juárez
- Un lote en Vista Alegre
- Un departamento en la colonia Anzures, lujoso
- Dos terrenos en la colonia Insurgentes (cerca de La Calera)
- Otro lote en San Jerónimo Caleras