Desde el ambiente carcelario en San Miguel, el ex vice coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la XLIII Legislatura, Eukid Castañón, tramó la escucha y seguimiento de dos personajes clave en el gobierno de Miguel Barbosa.
En la segunda mitad de diciembre pasado el mandatario ironizó. Dijo que el imputado de tres diferentes delitos había financiado espionaje en contra de su administración. Estaba lejos de ser una broma.
Entre los objetivos del espionaje que decidió quien por mucho llegó a ser el hombre más poderoso después del exgobernador Rafael Moreno Valle, estaban dos cercanos a Barbosa: Ardelio Vargas Fosado y Florencio Madariaga Granados, asesores en seguridad y jurídico, respectivamente.
Los nombres de ambos asesores resultan clave para poner en marcha la estrategia de combate a la inseguridad y el debilitamiento de grupos delictivos que operaron a la luz del día en los regímenes del PAN, y para llevar a cabo investigaciones que conduzcan a esclarecer el saqueo patrimonial de Puebla por quienes encajan en la definición de “delincuencia de cuello blanco”.
El inquilino de San Miguel aún estaba lejos de ser trasladado a Tepexi de Rodríguez, pues se desconocía la capacidad logística para tramar estrategias mediáticas, empresariales y delincuenciales.
La conformación de la empresa Networld-Tech, cuyo domicilio fue ubicado en Polanco en la Ciudad de México y luego su desaparición a días luego de haber sido detenido el 18 de marzo del 2020, explica esa habilidad, como fue documentada en la primera entrega de esta columna.
En los estertores del año el protagonista de la historia decidió cambiar al equipo de defensa legal en la carpeta de investigación 520/2020/PUEBLA, por el delito de extorsión, la primera imputación por la que fue aprehendido.
Un grupo de abogados, cuyos vasos comunicantes los une a dos esferas opuestas: grupos de delincuencia organizada en el ámbito del huachicol y al ayuntamiento de Puebla, enclave de un grupo de Morena abiertamente confrontado con la administración estatal.
Se trata de los abogados Néstor Adalid Aguilar Cortés y Alejandro Bernal Torres.
Ambos mantienen vínculos con Jorge Rodolfo Romero Romero, defensor de un sujeto de nombre Ricardo Velázquez alias “El Pelón”, homónimo del Consejero Jurídico del gobierno y detenido en la Vista Country Club y Rodolfo Aragón, asesor del síndico municipal de la capital de la capital, Gonzalo Castillo Pérez.
El abogado Bernal Torres tiene una relación familiar en la delegación de la Fiscalía General de la República, lo que le permite llevar “asuntos por encargo”, además de haber representado en tribunales a personajes acusados de narcomenudeo y robo de hidrocarburos.
La pinza de los intereses en torno a la defensa de quien además de la acusación por el probable delito de extorsión está la de falsear información y lavado de dinero es la presencia discreta de un abogado más: Fidel Lezama Martínez, un incondicional más de Castañón, el señor de las tormentas.
@FerMaldonadoMX
parabolica.mx por Fernando Maldonado