El exsecretario de Finanzas y Administración del fugaz período gubernamental de Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida en diciembre de 2018 por la caída del helicóptero en el que viajaba a la Ciudad de México, Eduardo Tovilla Lara, decidió acogerse al criterio de oportunidad -testigo colaborador- de las autoridades federales.

El hombre que junto a Roberto Moya Clemente, senador suplente de Rafael Moreno Valle, consorte de la gobernadora fallecida, fue quien desde siempre manejó las cuentas de dinero obtenido por mecanismos más allá del pago de una nómina gubernamental.

En julio de 2020, en esta misma columna se dijo que el financiero de Moreno Valle hacía tiempo había decidido cambiar su residencia a Canadá, en donde ya hasta sus hijos cursaban sus estudios.

De hecho, en junio de aquel año había celebrado su cumpleaños número 53. Era el tiempo en que el auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, ya había seguido la ruta del dinero.

Desde que la pista se vio al descubierto, el personaje que se ha convertido en un testigo clave en la trama que, presumiblemente, permitió el blanqueo de cientos de millones de pesos, decidió encontrar la forma de abrir una puerta en la Unidad de Inteligencia Financiera.

La razón por la que buscó acogerse al criterio de oportunidad se debe a dos factores fundamentales que pudieron haber sido el resultado del análisis jurídico y la coyuntura política.

Como en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, se acogido a la misma figura jurídica, posee información sensible acerca de la trama poblana que habría implicado manejo de recursos de la federación.

Tovilla Lara, junto con Eukid Castañón -quien ya enfrenta serias acusaciones penales- y Roberto Moya sabían de los acuerdos que el líder del grupo y fallecido Moreno Valle tenía con personajes clave del gobierno federal: Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso.

La impunidad que gozó el grupo no requiere de otro elemento probatorio que el conjunto de excesos y descuidos administrativos, financieros y fiscales que cometieron en diversas esferas del quehacer gubernamental.

El estado de cosas siempre estuvo ahí a la vista de todo quien quisiera ver.

El segundo y no menos importante: poner tierra de por medio respecto de la justicia poblana. En los últimos meses, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado han dado muestra de no admitir negociacseraión a cambio de prebendas con quienes, claramente, se beneficiaron de un régimen que aún da señales de vida

Una variable escapa al análisis jurídico y político de quien es considerado en un experto en el manejo de dinero en portafolios de inversión y destino con políticas fiscales laxas.

El intercambio de información entre la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir del establecimiento de un convenio de colaboración para agilizar investigaciones de objetivos precisos.

Los nombres de otros perfiles, resultado de los trabajos de investigación, sorprenderán a propios y extraños a partir de las revelaciones de este nuevo testigo protegido.

 

@FerMaldonadoMX

parabolica.mx por Fernando Maldonado