Una y otra vez se demuestra que México no es un país de leyes, sino de usos y costumbres.
Lo que está escrito en el papel no vale por sí mismo. Vale tanto como se pueda torcer a favor o en contra de alguien. Valen las circunstancias en que se aplica. Y, sobre todo, vale en función de la fuerza política de quien invoca la ley.
Pachanga, pues.
Eso es la legislación electoral en México: un catálogo de reglas tortuosas, supuestamente elaborado para asegurar la equidad en la democracia, pero que acaba siendo pisoteado por quien puede imponer sus condiciones a los demás.
Luego de las polémicas votaciones para Presidente de la República en 2006, los partidos inauguraron lo que llaman pomposamente “modelo de comunicación política”.
Su propósito era que nadie sacara ventaja indebida mediante mensajes en medios electrónicos.
Se prohibió que los particulares pagaran anuncios con contenido político y se otorgó el monopolio del manejo y supervisión de éstos a la autoridad electoral, que repartiría entre los partidos los tiempos oficiales, únicos en los que se puede hablar sobre política y aspiraciones electorales.
Se crearon reglas absurdas sobre lo que los aspirantes pueden decir y cuándo. Se fijaron plazos de campaña y precampaña, con ridículos periodos de silencio entre una y otra, supuestamente para evitar que uno arranque antes que los demás.
Nuevamente, lo que se quiso fue evitar que alguien tomara ventaja. ¿Se logró eso? Por supuesto que no. En meses recientes, esas reglas han sido usadas a conveniencia de algunos para que, mientras la mayoría está callada, esperando los “tiempos electorales”, otros usan los spots para promover sus aspiraciones presidenciales cuando todavía faltan dos años para esa contienda.
¿Quiénes son ellos? Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.
Al primero, que dirige un partido que aún algo tiene de democrático, ya lo sacaron del aire las quejas de sus compañeros candidatos a gobernador, con quienes –a decir de ellos– no estaba compartiendo los tiempos oficiales.
El segundo, que encabeza un partido vertical, en el que usted nunca escuchará a alguien contradecirlo, sigue echando mano de los spots para difundir su imagen, cosa que ningún otro de los potenciales aspirantes presidenciales está haciendo.
¿Equidad? Por supuesto que no, pero a estas alturas, ¿quién va a reconocer que el famoso “modelo de comunicación política” es un fracaso? Mejor sería para todos permitir que cada quien se anuncie como quiera y pague sus spots.
¿Alguien se extraña de que el tabasqueño vaya en primer lugar de las encuestas? Es obvio, ¿quién más se promueve en radio y televisión?
Otro papelón de quienes concibieron la actual legislación electoral es el llamado “modelo de fiscalización”. Otra vez, en un intento de generar equidad en las contiendas, se buscó impedir que unos candidatos sacaran ventaja en el gasto.
Para ello se crearon reglas de financiamiento. Y cuando se vio que nadie estaba dispuesto a obedecerlas, se inventó un ente fiscalizador. Cuando fue evidente que éste no tenía modo de castigar a quienes se sobrepasaban en gastos, porque sus informes llegaban tarde, cuando la campaña ya había terminado y los candidatos habían sido elegidos, se dispuso que se revisaran millones de facturas en tiempo real –a un costo millonario, que usted paga– y se impusiera una verdadera sanción a quien incumpliera: la pérdida del registro.
Pero otra vez, la conveniencia y la fuerza de unos han conseguido torcer la ley. Los candidatos de Morena en Zacatecas y Durango no cumplieron con lo que la legislación dispone –la presentación en tiempo y forma de un informe de gastos de precampaña– y el INE les impuso la sanción prevista. Y luego vino el Tribunal Electoral y todo lo alevantó. El registro perdido se recuperó y la ley quedó por los suelos, pisoteada e inútil. Simple papel mojado.
Apunte al margen
Murió Rubén Mendoza Ayala, el excandidato panista a la gubernatura del Estado de México, quien compitió por ese cargo en 2005 con Enrique Peña Nieto. Mendoza, quien ya había sido priista y acabaría su carrera política en el PRD, llevaba ocho puntos sobre Peña al arrancar la campaña. Qué diferente habría sido la historia si esa ventaja se hubiese mantenido.