La proliferación de giros negros disfrazados de restaurantes en la capital, que llegaban a ofrecer servicios sexuales y drogas pasado el mediodía, fueron pactados con cercanos o parientes de la presidenta municipal con licencia, Claudia Rivera Vivanco, según narró una fuente habitualmente bien informada hace algunos meses.
Ese era uno de los primeros asomos de lo que en realidad sucedía en torno a la edil que llegó con las cartas credenciales de la Cuarta Transformación, en las que mucha gente depositó su confianza en la histórica elección del 1 de julio de 2018.
Muchos de los antros que tenían dealers y padrotes en locales improvisados, incluso a la luz de Protección Civil del municipio, operaron en zonas cercanas a plazas comerciales –Las Cotorras, en Plaza Crystal, por ejemplo- y de grandes avenidas, y cerraron sus puertas sólo obligados por la pandemia.
Sin embargo, los hallazgos de irregularidades se han multiplicado con el paso de los meses. En tiempos electorales, los males han sido magnificados por el escrutinio al que ha sido sometida la ahora candidata a la presidencia municipal.
La ausencia de aclaraciones y argumentaciones ha sido la constante. Este medio publicó un amplio y documentado reportaje en el que se establece que fueron beneficiadas 125 empresas que, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, “no acreditaban la suficiente experiencia” para destinar 345.6 millones de pesos entre octubre y diciembre de 2019.
Una publicación en Facebook, en la que se ofrecieron cajas de leche y galletas del DIF Estatal, dio lugar a una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Los paquetes alimentarios fueron entregados al DIF Municipal en enero pasado, cosa que terminó por confirmar el propio ayuntamiento. No debía suspenderse en periodo electoral, argumentaron en el gobierno de la ciudad, lo que permitiría vislumbrar un delito electoral grave.
Los pendientes sobre presuntas irregularidades en torno a la figura que ahora busca la reelección se acumulan con el paso de las semanas, junto a las medias verdades que van de la victimización y defensa por los derechos de la mujer, hasta su domicilio particular.
En el debate del domingo 30 de mayo, la presidencia con licencia dijo textual: “soy tu vecina del barrio de San Miguelito”, cuando su domicilio actual, se ha comprobado, se ubica en las Torres Nducha, en San Andrés Cholula, en donde los condominios tienen un costo promedio de 5 millones de pesos.
La existencia de un conjunto de contratos presumiblemente irregulares para realizar las obras de remodelación del Teatro de la Ciudad, en 2019, volvió a abonar a la percepción en el sentido de que algo turbio sucede en ese ámbito gubernamental.
En desdoro de la retórica para deslindar a un gobierno cada vez más envuelto en el escándalo y el uso indebido de dinero público, la evidencia abunda y ha sido deliberadamente soslayada por la propia gestión de la Cuarta Transformación en la capital.
@FerMaldonadoMX
Parabólica por Fernando Maldonado