Enrique Rodríguez Martínez, convertido hoy en vocero de los ex patronos de la Fundación Mary Street Jenkins, pero quien antes fue director del Canal Judicial y uno de los ex funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) más cercanos al ministro presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar Lelo de Larrea, soltó una advertencia que tiene, por sus antecedentes y contexto, valor de amenaza:
“El conflicto legal por el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llegará al PJF de ser necesario y, sin duda, provocará una crisis académica y económica en la institución”, sentenció en entrevista con “El Sol de Puebla”, que fue publicada este miércoles 14 de julio.
Rodríguez Martínez, quien ejerció como periodista muchos años en Televisa, desde 2007 cambió a una carrera fructífera en el servicio público, al ser nombrado el 16 de agosto de ese año, director del Canal Judicial.
Estuvo en ese cargo hasta que debió renunciar -una destitución de facto- en marzo de 2015, en medio de un escándalo por presunto acoso laboral y sexual, así como acusaciones de nepotismo y de solapar a colaboradores suyos que, luego de una investigación que concluyó hasta 2017, fueron inhabilitado por haber consumido cocaína y bebidas alcohólicas en las instalaciones mismas del Máximo Tribunal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La vocería que el actual “consultor” privado ha tomado de los patronos y el ex rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, quienes están acusados de lavado de dinero y de evasión fiscal, entre otros delitos, está atravesada por un evidente conflicto de intereses, al ser él ex funcionario del PJF y porque su esposa -a quien cobijó con cargos de altos emolumentos, junto con su cuñada, desde antes de su matrimonio- trabaja actualmente en el área de Comunicación Social.
Pero el vínculo más grave y claro es su cercanía con el actual ministro presidente de la SCJN, quien coincidentemente elaboró el dictamen con el que, luego de investigaciones y a pesar de las voces y denuncias de trabajadoras y trabajadores afectados, exoneró a Rodríguez Martínez, con nueve votos contra dos, de las presuntas irregularidades y delitos, en febrero de 2018.
El diario “La Jornada”, del 21 de febrero de ese año, tituló la nota:
“Indignación por fallo de la SCJN que exonera a ex director del Canal Judicial”, que bajo la firma del reportero Gustavo Castillo García dice: “Indignación e incredulidad dejó entre los más de 20 trabajadores y ex trabajadores que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral la resolución del pleno de la SCJN, que exoneró por nueve votos contra dos a Enrique Rodríguez Martínez, ex director del Canal Judicial.
“El lunes, en sesión privada y sin tomar en cuenta la responsabilidad de haber realizado o tolerado actos de acoso sexual y laboral, la SCJN avaló la propuesta presentada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
“Empleados y ex empleados entrevistados tras darse a conocer la resolución señalaron que ‘esto abre la puerta para que en el Máximo Tribunal del país se cometan actos que violentan la dignidad de las mujeres y los victimarios no sean sancionados’”.
Hasta aquí la cita.
El negro historial de un ex periodista
Enrique Rodríguez Martínez, quien apareció esta semana como el “vocero” de los ex integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins, quienes han sido señalados por lavado de dinero y evasión fiscal, entre otros delitos, es un personaje de contrastes abismales.
Como reportero en Televisa, a lo largo de muchos años, fue destacado y tuvo trabajos contundentes.
Sin embargo, como burócrata de la clase más dorada, como director del Canal Judicial del Poder Judicial de la Federación, entre 2007 y 2015, ha sido acusado de ser un acosador sexual y laboral.
También de beneficiar a su entonces novia, hoy esposa (Mónica Montes Trejo), y su cuñada, con cargos y altísimos salarios, así como de encubrir que colaboradores suyos consumieran drogas, específicamente cocaína y bebidas alcohólicas, en las instalaciones mismas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el centro de la Ciudad de México.
También fue vocero del ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, por breve tiempo, ya que debió ser enviado a operar con bajo perfil, al salir a la luz este pasado que finalmente es harto conocido.
Paradójico que en ese equipo de Meade, convivió con el hoy rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el ex senador Armando Ríos Piter, a quien ahora denuesta en su encargo de “vocero” de los ex patronos de esa casa de estudios privada.
Él es Enrique Rodríguez Martínez, de lejanas luces como periodista, y de profundas sombras actuales como “consultor”, según de describe en su Twitter.
La victimización fallida
El ahora comunicador empresarial intenta, con la elocuencia que le dieron sus años al micrófono, vender a los medios poblanos la narrativa de victimización de sus patrones, quienes están acusados de delitos graves, en los malos manejos de la fundación.
Ha recurrido a sus amigos del pasado para lograr que se abran micrófonos al ex rector de UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista.
Su cambio de giro, de periodista a burócrata de la clase dorada, se dio en 2007. El 16 de agosto de ese año, se convirtió en el director del Canal Judicial, en sustitución de Sergio Uzueta, el ex conductor de Canal 11, quien fue designado director de Notimex.
Comenzaron entonces casi ocho años consecutivos de jauja para Enrique y sus amigos, muchos colaboradores suyos en el Canal Judicial.
Pero su paso fue oscuro. Luego, en declaraciones formales de un proceso de investigación interno en la SCJN, se sabría que fue un director “prepotente”, “abusivo” y “acosador”, lo mismo en lo sexual que en lo laboral.
Aunque fue destituido en 2015, luego se le exoneró de culpas, causando gran indignación en el gremio periodístico y de la SCJN, como quedó asentado en textos de plumas prestigiadas como las del maestro Humberto Musacchio y del periodista Jesús Aranda.
“Indignación por fallo de la SCJN que exonera a ex director del Canal Judicial”, es la cabeza de una nota de La Jornada, del miércoles 21 de febrero de 2018, que bajo la firma del reportero Gustavo Castillo García dice:
“Indignación e incredulidad dejó entre los más de 20 trabajadores y ex trabajadores que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral la resolución del pleno de la SCJN, que exoneró por nueve votos contra dos a Enrique Rodríguez Martínez, ex director del Canal Judicial.
“El lunes, en sesión privada y sin tomar en cuenta la responsabilidad de haber realizado o tolerado actos de acoso sexual y laboral, la SCJN avaló la propuesta presentada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
“Empleados y ex empleados entrevistados tras darse a conocer la resolución señalaron que ‘esto abre la puerta para que en el máximo tribunal del país se cometan actos que violentan la dignidad de las mujeres y los victimarios no sean sancionados’”.
Antes, se había exhibido el paso de escándalo de Rodríguez por la SCJN. El jueves 7 de diciembre de 2017, “La Jornada” reportó que tras dos años de su destitución: “La SCJN concluyó una parte de la investigación que involucra a ex servidores públicos del Canal Judicial en diversas irregularidades, además determinó que Alberto Villa Dávalos consumía cocaína y bebidas embriagantes en su oficina y cometió otra serie de acciones que afectan la imagen del máximo tribunal del país, por lo que fue inhabilitado un año.
“Villa era uno de los funcionarios más cercanos a Enrique Rodríguez, ex director del Canal Judicial, y quien ahora se desempeña como uno de los hombres cercanos al vocero del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade”.
Por alguna razón inconcebible y con rasgos aviesos, el actual ministro presidente del Poder Judicial, Zaldívar Lelo de Larrea, es su principal protector, a pesar de la gravedad de las reiteradas acusaciones en su contra.
A Enrique Rodríguez la purificación tan “indigna” que logró, de acuerdo con sus propias víctimas, abrió la puerta para, si ve la oportunidad, eventualmente regresar a la SCJN, en donde hoy su esposa, Mónica Montes Trejo, trabaja con el “número progresivo 3266” con “Rango A”, como “profesional operativo” en el área de Comunicación Social, con un sueldo mensual de 46 mil 668.66 pesos, aunque aseguran varias voces que es de esos casos en los que “no se presenta”.
Así las cosas, en la trinchera de los patronos señalados por varios delitos, tantos como el ex rector Derbez.
Este reportero intentó buscar al “vocero”, pero tras haber sido bloqueado por Rodríguez en Twitter, el mensaje quedó claramente recibido.
Álvaro Ramírez Velasco
@Alvaro_Rmz_V