En febrero de 2021, el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, tramitó un amparo para evitar ser detenido en la indagatoria que la Fiscalía General de la República realiza en torno a por los menos dos de los personajes más cercanos de quien fue titular de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos; y de Luis Cárdenas Palomino, a quien apenas esta semana le dictaron formal prisión acusado de diversos delitos.
Al exfuncionario que despachó en la Secretaría de Seguridad en la administración de Rafael Moreno Valle, y principal señalado de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años de edad a quien el régimen de entonces revictimizó hasta el cansancio, los proyectiles jurídicos han rozado apenas su figura.
Mediante artilugios legales y recursos políticos ha librado acusaciones y señalamientos, en Puebla y la Ciudad de México, pero nadie puede asegurar en este momento que la impunidad, que lo ha puesto a salvo de ser llevado a proceso ejemplar, tenga perpetuidad.
El mismo sistema, que propició el surgimiento de mandos policiacos de la clase de García Luna y Cárdenas Palomino, es el que echó de la Secretaría de Seguridad a Rosas cuando sus mandos fueron detenidos porque hacían trabajo de acompañamiento de un grupo de huachicoleros.
En una de sus airadas autodefensas en artículos de opinión y redes sociales, ha exculpado a los policías como un ejercicio de autoexculpación de sus responsabilidades como servidor público en el estado.
La muerte del niño Tehuatlie Tamayo, hace siete años, tras el impacto de un artefacto en la cabeza que provocó exposición de masa encefálica, la criminalización de la familia humilde de la mortal víctima y el desprecio que ha mostrado el exfuncionario, no fue motivo suficiente para castigarlo con rigor. El pago de 500 mil pesos fue suficiente por la vida de un niño.
En el día que se conmemoró el homicidio de este menor, el gobernador Miguel Barbosa anticipó que no llegará el último día de la gestión gubernamental sin que los responsables del homicidio de quien ahora tendría 20 años, encuentren castigo.
Eso incluye al principal señalado de la trama criminal en Chalchihuapan y a quienes encubrieron a los señalados, de entre los cuales existen otros exservidores púbicos y litigantes, además de otros adictos al régimen que se extinguió en 2018, y por el que aún añoran y lloran por los rincones.
La detención y enjuiciamiento de Cárdenas Palomino ofrece un panorama incierto para Facundo Rosas y otros exservidores públicos, como Javier Garza Palacios y Armando Espinosa de Benito.
Más incierto aún porque cuatro de los eslabones que apoyaron al exsecretario de Seguridad Pública vuelvan a mover los hilos de poder para ponerlo a salvo en el caso de Chalchihuapan: el exgobernador panista falleció en 2018; el exsecretario de Gobernación, Luis Maldonado Venegas, murió de un padecimiento; el exfiscal, Víctor Carrancá, anda litigando su propia defensa; y García Luna, preso en Estados Unidos en donde enfrenta un juicio acusado de conspirar con cárteles de la droga.
@FerMaldonadoMX
Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado