La Consulta Popular, para juzgar en un inédito ejercicio en la historia de país a cinco expresidente de México que suponen 30 años del poder público, está en el centro del debate en nuestro país. Es la recta final parta que las mesas receptoras de votos sean instaladas el próximo domingo 1 de agosto.
En Puebla serán requeridas 14 mil 700 personas que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral debió haber reclutado para desplegar una logística de esta dimensión, desmesurada por momentos, no sólo por el tamaño del ejercicio.
Del resultado que se tenga en la jornada del domingo 1 de agosto se podrá determinar si es vinculante, es decir, se procede a enderezar juicios en contra de los últimos presidentes de México, para lo que será necesaria la participación de unos 37 millones de electores.
Haber llevado a una Consulta Popular a quienes gobernaron el país, en los periodos de 1988 a 1994, con Carlos Salinas de Gortari; 1994 a 2000, Ernesto Zedillo Ponce de León; de 2000 a 2006, con Vicente Fox Quesada; de 2006 a 2012, con Felipe Calderón Hinojosa; y de 2012 a 2018, con Enrique Peña Nieto, no puede ser desdeñable.
Poner en el banquillo a estos cinco personajes supone el más grande desafío de López Obrador al viejo sistema político que imperó en la República, para el que todas y todos los mexicanos reconocen aciertos, pero también lastimosos errores.
Cada uno de quienes llegaron a ocupar la Silla Presidencial fue idolatrado o quemado en la hoguera pública por seguidores o detractores, a partir de coyunturas políticas y pasajes dolorosos para los habitantes del país, sobre todo para los más vulnerables.
Así que para cuando el juicio de la historia los coloque en donde deben, deberá tomarse en cuenta que un día fueron juzgados en una Consulta Popular. Eso deberán decir historiadores y la literatura de la ciencia política que está por escribirse para entender fundamentos que dieron origen a un nuevo sistema político en México: el fin de una vieja oligarquía ¿para dar lugar a una nueva?
Los detractores de la forma en la que Andrés Manuel López Obrador ejerce el gobierno han desestimado, desde diversos planos, la iniciativa de someter a juicio a los exmandatarios a partir de sus excesos u omisiones.
No sólo porque la mayoría de las probables responsabilidades jurídicas habrán prescrito, sino también por el rigor con el que el INE ha dispuesto de la organización de la jornada para el domingo venidero.
Más activos en redes sociales, los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón han descalificado, con y sin argumentos jurídicos y políticos, el que la gente vote por las decisiones que cada uno ejerció en sus respectivas gestiones de gobierno.
Los priistas Salinas, Zedillo y Peña Nieto han tenido una conducta menos estridente, pero no significa que no hayan cabildeado entre abogados, ministros y senadores para frenar la iniciativa que López Obrador anunció desde que era presidente electo, luego del triunfo de 2018, en una entrevista con Carmen Aristegui.
@FerMaldonadoMX
parabolica.mx escribe Fernando Maldonado