Empeñada en la construcción de una realidad paralela, más allá de la que campea en la esfera jurídica y la que prevalece en la política, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco decidió ir a tribunales federales para conseguir una pírrica victoria que legitime la línea discursiva a la que se aferró en el periodo de la campaña: su propia victimización.
El Tribunal Electoral del Estado decidió desechar los recursos que interpuso para colocarse como víctima de violencia política de género perpetrada por el gobernador Miguel Barbosa de la que se dolió en campaña la entonces candidata de Morena y PT.
“De las manifestaciones vertidas por el ciudadano denunciado, se establece que no conlleva un mensaje oculto, indivisible o coloquial, ni se encontraban dirigidas a lesionar la dignidad o la capacidad” de Claudia Rivera, “ni contiene expresión alguna de la que pudiera derivarse discriminación en contra del género femenino” estableció en la sentencia el órgano colegiado.
No es un discurso nuevo porque en el periodo de campaña dedicó tiempo valioso en un lapso extremadamente breve, a colocarse como blanco de una supuesta campaña negra que sólo existió en la mente febril de un conjunto de incondicionales incapaces de hacer ver el error de dejar ir la oportunidad de poner en el centro de la atención la oferta de trabajo por un periodo más como edil, para persuadir al electorado.
No sólo desaprovechó la oportunidad de transmitir el mensaje preciso y pertinente, cuyo foco debió ser la plataforma política y programa de acción, sino que además, fue reactiva, confusa y distorsionada a grado de protagonizar un debate estéril con medios y actores críticos de su papel como servidor pública.
La post verdad a la que apostó la edil, que vive sus últimas semanas como gobernante de la capital del estado permanece en un contexto de dudas y sospechas por manejo irregular del dinero público que obra en las arcas municipales.
Recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conseguir una acreditación de víctima frente a su presunto victimario no busca sino distraer la atención de un tema central en la recta final de la gestión de Rivera Vivanco.
Rodeada de gente de escasa reputación en la función pública y la empresa como Andrés García Viveros y Roberto Zatarain, el caudal de negocios personales y las acciones de gobierno que apuntan a una conducta desaforada por el gasto del erario, ir a la TEPJF vuelva a ser cortina de humo.
Dos ausencia del primer círculo del gobierno municipal abonan a esa duda: la renuncia de su tesorero Armando Morales Aparicio un poco más de dos meses de la terminación de la primera gestión de la Cuarta Transformación que defraudó la expectativa de los habitantes de la capital a grado de castigar a ese movimiento con el voto mayoritario a una oferta diferente.
La otra ausencia fue la de Liza Aceves, su ex coordinadora de campaña e invitada para asumir una dirección en Conacyt. Salió curiosamente unos días después de haber cometido públicamente violencia de género en contra de la esposa de Miguel Barbosa, Rosario Orozco Caballero sin que la quejosa Rivera Vivanco tuviera un gesto de sororidad.