Abren pesquisa contra el servidor y otros funcionarios luego de que el GIEI denunciara fallas a los estándares internacionales
Por JAVIER GARDUÑO
La Visitaduría General indaga a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, por su presencia en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, un día antes de que iniciaran las diligencias del agente del Ministerio Público de la federación.
El trabajo pericial realizado ese día no cumple, presuntamente, con los estándares internacionales; hubo manipulación o siembra de evidencias y omisión de información de funcionarios, debido a que la actuación de esa fecha no quedó registrada en el expediente del caso Iguala, según los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, Agustín García Reyes, el detenido que aparece en los videos junto a Zerón de Lucio y quien declaró que los estudiantes fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al río, tiene huellas de tortura. Estos hechos también son investigados.
El miércoles 27 de abril, la Oficina de Investigación del caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que indague la actuación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en los hechos evidenciados por el GIEI y que fin que las responsabilidades correspondientes.
La Visitaduría es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evaluación técnico-jurídica y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y de los demás servidores públicos de la institución en lo que se refiere a las funciones sustantivas que realizan, así como de investigación de los delitos en que eventualmente incurran, informó la PGR a través de un comunicado de prensa.
La dependencia agregó que se dio intervención al Órgano Interno de Control para que en el ámbito de sus atribuciones determine si se incurrió en alguna irregularidad como servidores públicos.