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El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, confió en que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar a los autos que ingresan al país de forma ilegal cese en el momento en que se tiene contemplado (20 de septiembre), toda vez que seguir prorrogando hará que el flujo de vehículos siga incrementándose sin que se pueda ver una solución.

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Afirmó que detrás de la regularización del contrabando automotriz están “grandes corporaciones que actúan en colaboración con los contrabandistas”.

Dijo que se debe terminar con la “idea romántica” de que son los campesinos los que con esfuerzo compran sus vehículos en Estados Unidos, toda vez que se ha detectado que existen “grandes corporaciones que actúan en colaboración con contrabandistas (…) la realidad es que el flujo es perfectamente coordinado por especialistas en el contrabando”.

Durante su reunión con senadores integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC, Rosales refirió que así como ha sido un acierto de la cancillería que el contrabando de armamento no sea considerado como un problema único de México, “igualmente el contrabando automotor va asociado a delitos que en la frontera norte se encuentran como el lavado de dinero, el tráfico de armas y la venta ilegal”.

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Declaró que 2022 inició con debilidad en el mercado de vehículos ligeros al registrar una caída de 2.9% y en vehículos pesados están distantes de los niveles de prepandemia.

Destacó que hay una debilidad del poder adquisitivo, ante lo cual es necesario complementar la oferta con autos más accesibles, es decir, traer de otras regiones.

 

LEG

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