Si la narrativa es consistente desde que la Cuarta Transformación arribó el poder en Puebla, estaremos ante el crecimiento numérico de ediles y servidores públicos detenidos por diversas irregularidades, sobre todo penales.
Entre ellos podría estar Ignacio Mier Bañuelos, edil de Tecamachalco e hijo del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.
Sustancia la creciente sospecha la eventual participación en el asesinato de tres agentes de la Policía Ministerial, ocurrida en noviembre pasado y cuyo primer autor material, es Alejandro Santizo, vinculado con otro policía imputado, Facundo Rosas Rosas, acusado de fraguar el programa Rápido y Furioso en la época de Felipe Calderón.
Eso explica la reacción virulenta de Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena que recién anunció denuncias contra diversos personajes de la vida pública, entre ellos el gobernador Miguel Barbosa.
El ex priista se ha caracterizado por tirar la piedra y esconder la mano. No está en su naturaleza la confrontación directa, sino el complot desde los pasillos del poder.
Habitualmente rehúye el debate y la discusión pública por limitaciones intelectuales y escasa preparación académica con grado apenas de bachillerato; el argumento lo sustituye con chistes y frases mal hechas que lo colocan muy lejos del fino ingenio de la ironía.
El lance de las últimas horas contraviene esa conducta. No puede ser sino producto de la urgencia por desviar la atención, victimizar al victimario y, como ha sucedido antes, llamarse perseguido político.
“Hay un alcalde por allá por la parte oriental del estado (…) de que ellos mismos encabezan sus fuerzas y se oponen a las policías estatales cuando quieren intervenir en un hecho delictivo. ¡Que no se equivoquen!”, dijo el jueves 7 el gobernador Miguel Barbosa.
La retórica del mandatario ha sido consistente con los hechos. En estos momentos existen al menos nueve presidentes y funcionarios municipales sometidos a proceso, acusados de la más amplia gama de delitos.
Abrió la temporada de aprehensiones en Tehuacán quien presumió ser hijo político de Barbosa: Felipe Patjane, que llegó de presidente municipal con Morena, acusado de ejercicio indebido de funciones, usurpación y peculado.
Ahí están José Alejandro Martínez Fuentes y Arturo Cajica Gómez, ediles de Quecholac y Acatlán de Osorio, acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
Ninguno de los ahora detenidos asumió como práctica de vida la observancia de las leyes, no obstante haber protestado guardar y hacer guardar las leyes.
El de Piaxtla, Miguel Maceda Carrera, hermano además de una legisladora federal, fue el más reciente por su probable participación en la muerte de una persona a manos de su policía.
El marco de referencia ilustra, sin duda. Para nadie existen fueros especiales, salvo la observancia de la ley.
Nada parece impedir que si es encontrado involucrado en el caso de la ejecución múltiple en Tecamachalco, el vástago de Mier Velazco sea llevado a barandilla.
@FerMaldonadoMX