El Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en Huauchinango, Lucio León Mata, fue suspendido después de la crisis que desató tras el desatino de haber reclasificado un claro caso de violación sexual a estupro en contra de una niña de 14 años de edad, lo que obligó a que el depredador se le concediera la libertad caucional, según establece el Código Penal para el Estado de Puebla.

De acuerdo con el documento que obra en poder del autor de la columna, se encontró que el Juez suspendido actuó con una “notoria ineptitud y notorio descuido en el desempeño de sus funciones, al realizar una inexacta aplicación de la ley e incluso una aplicación a modo de la misma, soslayando el interés superior de la víctima directa, menor de edad, a quien estaba obligado a proteger íntegramente, atento a lo previsto en la Constitución, Tratados Internacionales y Leyes de Protección a la Niñez”.

La suspensión del Juez de Huauchinango sienta un precedente en materia de impartición de Justicia pues colocó bajo el escrutinio la conducta de no pocos juzgadores que actúan por consigna para proteger a traficantes de influencias o poderosos en detrimento de víctimas habitualmente carentes de relaciones o dinero para pagar por la aplicación de la ley.

Y se inscribe también en un debate nacional por la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la pertinencia de conservar la figura de prisión preventiva oficiosa, en el que no ha estado ausente la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador que también exhibió jueces de consigna.

El incidente de medida cautelar derivado de la responsabilidad administrativa R-35/2022 firmada por el Magistrado Jared Albino Soriano Hernández, presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura será el más mediatizado de los últimos años, no sólo por la atroz historia que está detrás de este capítulo con el ataque sexual sistemático en contra de una menor que parió un hijo producto de la relación forzada siendo una niña, sino porque fue el punto de inicio de un estruendoso desencuentro entre Ejecutivo y Judicial.

El gobernador Miguel Barbosa, a quien se le distingue por el tono claridoso dijo apenas hace unos días que la “sociedad ya no debe vivir una mala aplicación de la justicia”, y sigue la línea discursiva desde que se conmemoró el 180 aniversario luctuoso de Carmen Serdán y Leona Vicario, en donde ratificó su decisión de terminar con los privilegios que prevalecieron hasta antes de la llegada de la Cuarta Transformación.

Correspondió al Juez León Mata detonar ese expediente de probable colusión pues se sabe, el agresor sexual que además sustrajo a su víctima y el producto de la violación, es medio hermano de otro impartidor de justicia de la región.

Es prácticamente imposible probar el tráfico de influencia entre jueces para salvar de la cárcel al criminal como es el caso que indignó a mediados de agosto pasado, pero la investigación seguirá su curso.

Haberlo encontrado responsable de “ineptitud” y “descuido” al Juez sancionado deberá ser una señal para otros integrantes del Poder Judicial que notoriamente han torcido la ley para quedar bien con los poderosos. Ese mensaje hay que subrayarlo.

 

@FerMaldonadoMX