La madrugada previa a la elección del 1 de julio de 2018 un joven universitario que rentaba una pequeña habitación no llegó a dormir como lo hacía todas las noches.

Los propietarios de las habitaciones para estudiantes se extrañaron por la audiencia de ese universitario que se empleaba como chofer en un automóvil de alquiler.

Hacía viajes y dejadas para ayudarse en los gastos universitarios. La explicación de la ausencia llegaría hasta el 2 de julio: había sido reclutado y concentrado en una bodega del Mercado Unión por la pandilla de El Grillo para mover a los sicarios que tenían la encomienda de ensuciar la elección del domingo.

El joven no tenía forma de saber lo que estaba por presenciar y que luego contó con detalles a sus anfitriones. La trama desnudó al sicariato, utilizado por quienes se resistían a abandonar el poder en esa jornada que estaba en disputa la presidencia, la gubernatura y todas las posiciones en el Congreso de la Unión.

La reacción violenta de Rafael Moreno Valle y su ejecutor, Eukid Castañón escaló hasta el plano nacional. Un desplegado en el diario Reforma dio cuenta de la estrategia de amedrentamiento en contra de los ciudadanos que en la capital habían decidido salir a votar en esa histórica jornada.

Un total de 70 incidentes violentos en igual número de casillas en Puebla fue el recuento de los firmantes del desplegado “La violencia electoral en Puebla apunta a una elección de Estado”, entre quienes se encontraban María Amparo Casar, del Instituto Mexicano de la Competitividad; María Elena Morera, de Causa en Común; Sergio Aguayo, profesor-investigador en El Colegio de México; Enrique Cárdenas, ex rector de la Universidad de las Américas ; Fernando Fernández Font, David Fernández Dávalos y Juan Luis Hernández, miembros de la comunidad Ibero, entre otros

El tema fue desnudado el 10 de julio en la Parabólica bajo el título “Paso a paso, la trama delictiva del 1 de julio” en la que se apuntaba por primera vez al ejecutor de la estrategia del morenovallismo.

Debieron pasar cuatro años y dos meses desde que la columna que costó que el autor fuera acogido al Programa de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, para que la historia fuera recuperada.

En su conferencia de prensa Miguel Barbosa habló de la entrega del columnista Ignacio Juárez, que ofrece un perfil de un abogado ligado a la mafia poblana para terminar por confirmar que la “trama delictiva del 1 de julio”, en efectivo existió.

No habían sido incluidos aspectos criminales como la ejecución de un ciudadano ítalo-mexicano de apellido Prato Paredes o la de los desmembrados en el Mercado Morelos; los reiterados ingresos a la Fiscalía General del Estado por posesión de drogas, portación de armas o alteración al orden público sin que se le hubiera integrado una sola carpeta de investigación.

José Cristian N., es el símbolo metafórico y perverso de la asociación del poder público con el crimen. Y en medio de toda esa evidencia hedionda aún hay quien apuesta por el regreso de ese pasado vergonzoso.

 

@FerMaldonadoMX