El PAN denunció a la candidata priista Blanca Alcalá y a la plantilla de operadores del programa federal por usar los apoyos a los más desfavorecidos como premio y castigo para forzar el voto
Por Guadalupe Juárez
Por condicionar los beneficios de Prospera a cambio de votos a su favor, la candidata del PRI-PVEM-PES a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz, así como 15 jefes de unidades de atención regional, nueve integrantes de la delegación estatal del programa federal y 177 vocales, fueron denunciados formalmente por el Partido Acción Nacional (PAN).
Así se asienta en la querella –cuya copia se encuentra en poder de esta casa editorial– presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que investigará, consignará a los responsables y, si es necesario, reportará los resultados a las instancias correspondientes a nivel federal.
De acuerdo con el documento, la abanderada del PRI violó el artículo 7, 11 y 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ya que personal del programa federal amagó a beneficiarios del programa gubernamental con castigarlos con la suspensión de sus derechos a recibir el Prospera por dos años, en caso de no votar por Alcalá Ruiz.
Según consta en la denuncia, las vocales de Prospera fueron instruidas para supervisar y realizar reportes de qué beneficiarios “no muestran voluntad” para apoyar a la exedil en este proceso electoral.
“A las vocales del programa les fueron otorgadas facultades de supervisión, para que levanten reportes de quiénes son las beneficiarias que no muestran voluntad de apoyar otorgando su voto a la candidata” del PRI, se asienta en la querella.
“Claramente, les ha sido dicho a las beneficiarias del programa Prospera que en caso de ser reportadas en las listas de personas que no otorgaron su voto a favor del Partido Revolucionarios Institucional y a su candidata al gobierno del estado de Puebla, serán todas irremediablemente dadas de baja del padrón de beneficiarias, sin tener oportunidad ser perdonadas en los próximos dos años”, abunda la declaración.
La denuncia, presentada por Óscar Pérez Córdoba Amador, director jurídico del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, solicita a la Fiscalía integrar las carpetas de investigación en contra de 15 jefes de unidades de atención regional, señalados de manera directa de girar instrucciones a las vocales de las diferentes comunidades para emitir las amenazas a las personas que integran el padrón del programa federal mencionado, según testimonios recabados por el PAN y la coalición Sigamos Adelante.
Los identificados operan en la capital, Huauchinango, Xicotepec, Teziutlán, Zacapoaxtla, Zacatlán, Ciudad Serdán, Tehuacán, Atlixco, Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Izúcar de Matamoros y Ajalpan.
La denuncia abarca la probable responsabilidad de nueve funcionarios encargados directos del manejo institucional del programa, entre los que figura la coordinadora de la delegación estatal de Puebla, María Guadalupe Graciela Juárez García.
En el documento también se encuentra el nombre y zona en la que operan los vocales que condicionaron el programa. La mayoría operó en colonias y en las juntas auxiliares de la ciudad de Puebla.
El texto puntualiza: “Las personas que forman parte de la estructura organizacional de la delegación estatal de Prospera ostentan la categoría de servidores públicos y, por tanto, si en forma natural les resulta exigible apartarse de cualquier conducta transgresora de la norma, más aún es grave el grado de responsabilidad que sobre ellos pesa, por tratarse de un programa de asistencia social dirigido a los estratos socio demográficos más desprotegidos del estado de Puebla y por tratarse de grupos de población objetivo a quienes les atañe un índice de vulnerabilidad que les impide escapar de las presiones a las que se encuentran sometidos por los funcionarios señalados”.
De las vocales involucradas, sostiene: “Tampoco escapan a las consideraciones de la ley penal en materia electoral, las personas que aun cuando no les asista la calidad de servidores públicos, por no formar parte de la estructura orgánica de alguna dependencia o entidad de gobierno, pero que sí cuenten con los medios idóneos para ejercer presiones o amenazas” .
De igual forma, “son penalmente responsables los partidos políticos y los candidatos que se ven electoralmente beneficiados con las conductas relatadas, por lo que es viable la consideración de que durante el transcurso de las indagatorias, esa autoridad ministerial cuente con los elementos de convicción suficientes para fincar responsabilidades penales a las personas que dirigen el partido político y a su candidata”.
El PAN informó a la autoridad que presentará una copia certificada del padrón de vocales del programa Prospera, así como declaraciones ofrecidas por víctimas de ese delito cuando la autoridad lo requiera.
El lunes, el vocero panista Javier Lozano Alarcón dio a conocer dos videos que evidencian cómo operan brigadistas de Prospera.
En los videos una operadora de Zaragoza pide a un grupo de beneficiarias la copia de su credencial de elector a cambio de los hologramas para acceder al programa mientras les mencionaba el proyecto de Alcalá Ruiz para la entidad.