“No podemos cerrar los ojos ante la realidad”, dijo el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina tras reconocer fallas en la actuación de jueces, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial a revisar lo que no está funcionando.
En entrevista, dijo que es importante que el Poder Judicial revise las áreas de oportunidad y ver cuáles son las responsabilidades que tendría que asumir quien no haya hecho bien su trabajo.
“Es un tema concatenado, tiene que ver desde el primer respondiente, la cadena de custodia, Fiscalía, es una serie de argumentos que se estén tocando”, explicó.
Comentó que aunque no hay duda que hay la mayor parte de los involucrados hacen bien su labor, se tiene que revisar las áreas de oportunidad y si se llega a comprobar algún ilícito tendrán que haber responsabilidades.
“Por su puesto no está funcionando adecuadamente, no podemos cerrar los ojos ante la realidad”.
Este martes, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Eduardo Ramírez Téllez, juez de control en Puebla, fue exhibido en el reporte Cero Impunidad que presenta Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad federal.
De acuerdo con dicho informe, el juez poblano resolvió seis casos de manera “desfavorable a los intereses de la justicia”.
Además, el presidente magistrado del Poder Judicial del Estado de Puebla, Carlos Palafox Galeana reveló que el Consejo de la Judicatura abrió más de 160 procedimientos de investigación en contra de 60 jueces relacionados con denuncias de corrupción.
También, comentó que los tres jueces que fueron exhibidos por libertad a presuntos delincuentes fueron suspendidos de sus funciones.
“No estamos permitiendo impunidad, el exhorto es a toda la población para que presente quejas en contra de servidores públicos del Poder Judicial que pudieran estar incurriendo en actos de corrupción, o que no estuvieran desempeñando de manera adecuada su trabajo”, declaró en entrevista.
Se trata de Aarón Hernández Chino, quien otorgó un amparo al sacerdote de Aquixtla, quien llevaba dos años en prisión; Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez, quienes concedieron la modificación de las medidas cautelares a dos presuntos delincuentes dedicados al secuestro de personas.