El Congreso de Puebla aprobó reformas para mejorar el notariado y el proceso de entrega-recepción de los gobiernos, ambas propuestas fueron enviadas por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Por unanimidad, aprobaron reformas a la Ley del Notariado que contempla la creación de una notaría por cada 25 mil habitantes económicamente activos.
Además, ordena que los notarios se actualicen, capaciten y evalúen anualmente, conforme lo ordene la Dirección General del Notariado. Los postulantes deberán tener al menos 28 años cumplidos y haber vivido en Puebla por lo menos cinco años antes del examen.
Con esta reforma, se sancionará con la revocación de su patente por separarse de sus funciones sin avisar a la Dirección o solicitar licencia. También por impedir dos veces las visitas e inspecciones.
Se sancionará con la suspensión del ejercicio por tres días y hasta un año a quien provoque por segunda vez, por culpa o dolo, la nulidad de algún instrumento y testimonio.
La diputada del PT, Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, encargada de la dictaminación, señaló la importancia de la reforma.
“Debemos atender todo aquello que les garantice sus derechos que les dé certidumbre y sobre todo la tranquilidad en su día a día qué tanto necesitan respecto a su patrimonio”, dijo.
ENTREGA-RECEPCIÓN
Además, el Congreso aprobó por unanimidad una reforma a la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública.
Así, se incorpora un capítulo que ordena la expedición de un acta de entrega-recepción institucional al término de cada gestión.
Será un informe de gestión institucional que contendrá los planes, programas, proyectos, compromisos, acciones e información sobre la situación general de la gestión saliente. La anterior medida busca facilitar el proceso de transición, la toma de decisiones públicas y la continuidad del servicio público. En cuanto al Ejecutivo, entregará un informe de gestión institucional al Congreso a través del secretario de Gobernación. Además, deberá existir una Comisión de Transición que se integrará por las personas servidoras públicas designadas por el titular del Poder.