Esta colonia está dividida en dos bandos: quienes quieren pertenecer a la capital y quienes desean regresar a ser sanandreseños
Por Guadalupe Juárez
Fotos RICARDO RODRÍGUEZ/AGENCIA ES IMAGEN
Hace meses que Lourdes guarda una tarjeta en la bolsa izquierda de su mandil de cocina.
Ese papel es la única prueba que tiene de que en San Miguel La Rosa, –colonia cercana de uno de los centros comerciales más grandes del estado y de uno de los atractivos turísticos más visitados llamado La Estrella de Puebla– un grupo de habitantes cobra cuota para dejarla vender comida.
La tarjeta contiene el número de quien, sin permiso, se ha declarado representante de los colonos para defenderlos.
A decir de algunos vecinos, es una persona conflictiva que se tomó facultades que no le corresponden y ha impedido que los servicios públicos del Ayuntamiento les sean brindados.
A la entrada de la colonia, una serie de mantas advierte del conflicto que les quita el sueño.
En San Miguel La Rosa hay dos grupos de colonos: los que quieren ser parte de la ciudad de Puebla y aquellos que afirman que su identidad cultural les fue arrebatada al quitarlos de la jurisdicción del municipio de San Andrés Cholula.
La disputa entre ambos bandos ha dejado cuotas obligatorias a comercios, carteles de advertencias, miedo de hablar con extraños, basura en las calles, inseguridad, baches en el pavimento, falta de un inspector, boletas del predial sin pagar, incertidumbre de a qué municipio pertenecen y el temor de que en cualquier momento estalle la violencia.
El día en que 16 colonias se convirtieron en Puebla
6 de diciembre de 2013. A la sesión del Congreso del estado llegaba un punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Gobernación.
Con 29 votos de legisladores locales de todos los partidos políticos se aprobó que los límites entre la ciudad de Puebla y San Andrés fueran definidos para evitar un conflicto posterior, pues se encontraban en disputa 8.5 kilómetros desde 1962.
El resultado: un convenio para que la capital del estado se quedara con 16 colonias –entre ellas San Miguel La Rosa– y San Andrés Cholula con 23.
En 2015, la tesorería de la actual administración municipal reportó un 75% de cuentas de predial cubiertas en esta colonia. El 25 % sigue renuente a pagar a un municipio al que consideran no pertenecer.
Hace tres años, los diputados locales aseguraron haberse adelantado a un conflicto territorial mayor.
Pero estaban equivocados, los colonos se apropiaron de la discusión que en el Pleno no se había dado.
El noveno barrio de San Andrés Cholula
La nomenclatura de la mayoría de las calles todavía señala su pertenencia a San Andrés Cholula.
Los grafitis y la basura alrededor la hacen lucir abandonada; desde el año pasado el Ayuntamiento de Puebla anunció que convocaría a comicios para elegir a quien se hará cargo de ella, pero lo anterior no ha pasado.
Sin embargo, hoy se encuentra en las oficinas María Luisa Cruz Quintero, presidenta de Linderos y Límites Territoriales del Municipio San Andrés Cholula, asociación civil que ha ocupado las instalaciones de la inspectoría y que asegura mantener “la buena voluntad de los vecinos”.
María Luisa menciona ser representante de los colonos de San Miguel La Rosa. Dice defender las costumbres, las raíces de uno de los barrios del municipio gobernado por Leoncio Paisano.
“Yo fui una de las fundadoras de esta colonia; nosotros luchamos por cada uno de los postes y calles que ahora ves. No es justo que, sin preguntar, el gobierno nos obligue a pertenecer a un municipio que va en contra de nuestra identidad, por política se quieren apropiar de nuestro territorio y no se los vamos a permitir”, declara en entrevista con esta casa editorial, al tiempo de afirmar que cuenta con un amparo del gobierno federal que le permite usar las oficinas y de no dejar pasar a los servicios del Ayuntamiento capitalino.
Para Cruz Quintero no es el territorio lo que está en juego, sino su identidad cultural. Las festividades de su comunidad y la religión que profesa.
San Andrés Cholula tiene ocho barrios derivados de las etnias del lugar; para este grupo que se niega a formar parte de la capital, San Miguel La Rosa es el noveno barrio.
“Nosotros hacemos nuestra fiesta patronal en… bueno… cuando la hace también San Andrés, y todos están de acuerdo en que seguimos siendo de Cholula, no sé quién les dio el derecho de quitarnos, por eso no dejaremos pasar a nadie hasta que nos devuelvan al Ayuntamiento de San Andrés. Porque Puebla aprueba construcciones de gran nivel, pero estoy segura que eso no se puede, es un interés político lo que los mueve”, asegura.
—¿Todos están de acuerdo con continuar en San Andrés?
—No, porque están coludidos con el gobierno. Simulan robos y ataques para que dejemos pasar a la Policía Municipal y así nos despojen de lo nuestro. Si las autoridades no arreglan esto va a correr sangre, porque ellos (los que no están de acuerdo) son muy agresivos. Tengo una lista y los tengo identificados, ellos van a causar que aquí haya violencia.
“Esto no es vida”, denuncian
Un habitante de la colonia pide hablar con la reportera bajo la gracia del anonimato. La entrevista se realiza, en lo posible, en la parte más alejada de la inspectoría donde se encuentra María Luisa. El temor es que los agredan otra vez al darse cuenta de que dan una declaración.
“La señora (María Luisa) agrede a quienes no están de acuerdo con ella, mete a grupos de choque o rompe los vidrios de los carros de las personas que la contradicen; ya nos la ha hecho. A cualquier persona ajena al lugar o que venga del Ayuntamiento de Puebla los corre.
“No tenemos acceso a otros servicios, apenas si dejaron entrar la basura, pero esto no es vida”, confía el joven, quien se identifica como hijo de uno de los miembros del grupo a favor de que San Miguel La Rosa pertenezca a Puebla.
El 5 de junio, en el bachillerato de la zona donde se instalaron las urnas electorales, un vecino abordadó al senador Javier Lozano para pedirle su intervención en el conflicto: “Ya no aguantamos, por favor. Hable con alguien que nos pueda ayudar, nosotros sí queremos ser de Puebla”.
“Nosotros vivimos con miedo. Ya sólo decimos ‘que sí’ porque no sabemos qué pueden hacer con nuestras cosas”, menciona un comerciante de la zona, prefiere no decir su nombre por miedo, asegura que la organización civil le cobra 100 pesos mensuales para poder trabajar sin miedos.
“Dicen que es para mantener las calles limpias y para comprar silbatos, pero no dejan entrar al Ayuntamiento, entonces estamos pagando doble, a unos con impuestos y a otros con sus cuotas sin que nadie le dé el derecho”, se lamenta.
Lourdes, quien ha cambiado su nombre para dar su testimonio, guarda de nueva cuenta la tarjeta en su bolsillo.
“Aquí, si no estás a favor del alguno de los dos grupos, eres su enemigo. Tienes que decir a cada uno que estás con ellos, porque temes que te pase algo en su necedad de pelear. Un día de estos va a correr sangre. Tal vez en ese momento sí tendremos su atención”, sostiene.