El bloqueo, organizado por ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, responde a una controversia que lleva años gestándose y que ha vuelto a encenderse debido a la falta de transparencia en la indemnización de terrenos utilizados para la construcción de la autopista.

En 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un cheque por 176 millones 231 mil 515 pesos al comisariado ejidal de Santa Rita Tlahuapan. Este pago debía indemnizar a los campesinos por la expropiación de sus tierras, una medida tomada en 1958 para facilitar la construcción de la autopista. Sin embargo, según las declaraciones del actual secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, esos fondos nunca llegaron a los ejidatarios.

El bloqueo, que comenzó el martes, ha dejado a miles de personas varadas en la autopista, y ha generado una crisis humanitaria en la que niños y adultos mayores se encuentran sin alimentos y expuestos a las inclemencias del tiempo. Los reportes a través de redes sociales han evidenciado la urgencia de la situación, llevando al gobierno estatal a considerar el envío de víveres y asistencia médica.

Aquino Limón, en una entrevista tras una reunión de seguridad pública, reconoció la gravedad de la situación, tanto para los manifestantes como para los viajeros. También confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional están realizando operativos de vigilancia en la autopista, en respuesta a informes de asaltos perpetrados por bandas que aprovechan la situacion.

El conflicto radica en la demanda de los ejidatarios de que se inicien nuevos juicios para recuperar el dinero que consideran les corresponde. Además, hay varios juicios agrarios pendientes relacionados con otros tramos carreteros y la construcción de un parque en la zona del Izta-Popo. Los campesinos han intensificado sus protestas, bloqueando no solo la autopista México-Puebla, sino también otras importantes rutas como la carretera federal México-Puebla, el Arco Norte, la Apizaco-Tlaxcala, y la Tlaxco-Tejocotal.

En su calidad de exdirector del Centro SCT Puebla, Aquino Limón recordó que fue él quien entregó el cheque de poco más de 176 millones 231 mil 515 pesos  millones de pesos al comisariado ejidal en 2018. “Lo hicimos de manera pública, transparente y clara, se hizo ante el juzgado y posteriormente ante los medios de comunicación se dio a conocer porque la cantidad era muy importante y ameritaba un manejo transparente”, afirmó.

No obstante, el dinero no llegó a los campesinos, y actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) está investigando el destino de esos fondos. Aquino Limón explicó que después de la entrega del cheque, surgieron problemas debido a que el recurso no llegó a los ejidatarios enlistados, lo que ha llevado a múltiples juicios para determinar responsabilidades.

El secretario también subrayó que la disputa incluye varios tramos carreteros federales, cada uno con su propia evaluación pendiente, según la extensión de la tierra y el costo por metro cuadrado. Este último punto es particularmente conflictivo, ya que algunos ejidatarios rechazan la valoración de 15 pesos por metro cuadrado ofrecida en 2018, y ahora exigen 200 pesos, lo que ha prolongado los litigios.

En cuanto a la autopista Tlaxco-Tejocotal, único tramo bajo la jurisdicción del gobierno estatal, Aquino Limón señaló que Carreteras de Cuota Puebla está en proceso de realizar una nueva valoración de los terrenos, lo que podría ser el siguiente paso para desactivar el conflicto.

Mientras tanto, la autopista México-Puebla, una arteria vital para la conexión entre el centro y el sureste del país, permanece en estado de incertidumbre.

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