A pesar de la orden de liberación dictada en Quintana Roo, el paradero exacto de Mario Marín Torres permanece como una incógnita, ante las versiones que afirman su llegada a su domicilio en la capital poblana, contra la confirmación de su permanencia en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Araceli Andrade, abogada de la periodista Lydia Cacho, informó que el ex gobernador poblano, acusado de tortura en contra de su representada, se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya, donde se estarían revisando posibles ordenes de aprehensión en su contra en otras entidades del país, antes de su traslado a la capital poblana.
La defensora de la periodista indicó que la jueza federal Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien dictó el cambio de medidas cautelares para Marín Torres y su salida del penal de Cancún, desde la noche del sábado, presentó una prevención a la dirección del centro penitenciario para que cumpla con la liberación, sin violentar los derechos del imputado.
Sin embargo, desde el lunes, Araceli Andrade ofreció una versión distinta a los medios de comunicación, al advertir que Marín Torres ya se encontraba “durmiendo en su casa” del fraccionamiento San Ángel, al sur de la ciudad de Puebla.
Fue entonces que comenzó a circular la información sobre el retorno del llamado Góber precioso, lo que generó un despliegue de representantes de medios de comunicación locales y nacionales, en busca de las primeras imágenes de su llegada a la prisión domiciliaria.
No obstante, el único indicio de actividad frente a la residencia fue la llegada de trabajadores de una compañía de cable e internet, que entraban y salían del fraccionamiento cerrado, lo que fue interpretado por algunos como parte de los preparativos para garantizar la comodidad de Marín Torres.
APUNTAN COMPLICIDAD
Artículo 19 y al menos 16 organizaciones defensoras de periodistas, expresaron “su más enérgico rechazo ante las recientes decisiones judiciales que favorecen a los responsables de delitos graves, como la explotación sexual infantil y la tortura”.
En un comunicado de prensa, refirieron que los casos emblemáticos de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, “evidencian un preocupante patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad”.
Para Artículo 19, dichas resoluciones judiciales son contrarias el interés superior de la niñez y socavan la confianza en el sistema judicial
“Es imperativo que el Consejo de la Judicatura revise inmediatamente este sospechoso patrón de liberaciones asegurandose que las y los jueces implicados no sean objetos de presiones”, señalaron las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.