En Querétaro fue detenido Carlos Sánchez Alpízar, ex comisariado ejidal de Tlahuapan, acusado por haber defraudado a campesinos con el pago de tierras expropiadas para construir la carretera México-Puebla, quienes exigieron su pago correspondiente a través de un bloqueo en esta vía.
Después de tres días de bloqueo en esta carretera, el gobierno estatal inició las carpetas de investigación para dar con el paradero de Carlos Sánchez, quien no entregó el dinero a los campesinos a quienes en 1958 les expropiaron sus tierras para construir la vialidad.
En 2018, el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Aquino Limón, entregó al ex comisariado un cheque por 176 millones de pesos que debía repartirse entre todos los ejidatarios de Tlahuapan; sin embargo, el dinero sólo llegó a 20 de los 60 dueños de ejidos por ser personas cercanas a Sánchez Alpízar.
Como respuesta a la demanda de los ejidatarios, la Fiscalía General del Estado inició la investigación del pago que no se dio, así como de los delitos en los que se pudo incurrir por el bloqueo que afectó a personas que viajaban a la Ciudad de México para atenderse en diversos centros de salud.
BLOQUEO DE LA MÉXICO-PUEBLA: EL COLAPSO
El pasado 6 de agosto, los afectados por el incumplimiento del pago cerraron la carretera México-Puebla en ambos sentidos, ocasionando un paro total de actividades y que, después de más de 70 horas de bloqueo, se logró abrir la vialidad; sin embargo, las cámaras empresariales reportaron una pérdida de más de mil millones de pesos.
A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cuestionó la fragilidad de las autoridades y exigió garantizar Estado de derecho ante los bloqueos carreteros en el país, ya que el reciente en la México-Puebla habría afectado la actividad económica y social de la parte centro del país, así como mermar la confianza de inversionistas extranjeros.
“Desde los organismos empresariales solicitamos a las autoridades que asuman su responsabilidad y actúen de manera profesional, empática y firme, siempre dentro del marco legal. Ante situaciones como la vivida, necesitamos una autoridad capaz de brindar atención y soluciones claras, efectivas y, sobre todo, inmediatas”, se puede leer en el comunicado de la Coparmex.