La Cámara de Diputados avaló, en lo particular, el dictamen que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y aprobó un cambio en el Artículo 21 con el fin de eliminar las palabras “de origen” y “marino”.
De tal manera que en vez de que el párrafo diga: “de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino” solamente quedaría: “por personal militar con formación policial”.
Con la modificación se establece que “La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Sobre esta modificación, el diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC) tachó este cambio como “una reserva del descaro”.
“Cuando se hizo la redacción original se quería mantener la simulación de que el origen sería militar, del personal, pero que derivarían en otra cosa. Es decir, en un cuerpo mixto, y hasta se habló de cuerpos internacionales, como la Guardia Civil española.
“Ahora se han quitado esa máscara y han dejado sentir aquí en la argumentación confusa que se da, la bota de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está aquí diciendo: ‘Este juguete, la Guardia, es mío. No es de la Marina, no es de nadie que venga de otro lado, es mío’”, expresó.
Criticó que la mayoría en la Cámara de Diputados, que, consideró, se formó peleando contra el régimen de la violencia que se inauguró en el sexenio de Felipe Calderón, ahora complete su legado.
Por su parte, el diputado Leonel Godoy (Morena) expuso que esta modificación al texto del dictamen ayuda para recalcar la obligación de que los marinos y soldados tengan que pasar por una capacitación policial, que es muy necesaria, porque actualmente los que se incorporaron a la Guardia Nacional, “les falta ese olfato que tiene el policía”.
“Todas estas reformas en el 13 constitucional, del fuero de guerra, en el 21, en el 16, en el 21, de facultades de investigación. Fíjense, una cuestión en eso muy importante, la facultad de investigación que le da el 21 constitucional a la Guardia Nacional es la que reafirma su carácter de policía, porque dice ahí que los cuerpos policiales y la Guardia Nacional estarán subordinados al Ministerio Púbico en materia de investigación de los delitos. Pues simplemente, si hay policías municipales y estatales que coadyuvan con el Ministerio Público, pues la Guardia Nacional, que es un cuerpo policial, debe de hacer lo mismo.
“Y está reserva a este párrafo del 21 constitucional, lo que hace es confirmar eso. Por eso nosotros rechazamos, primero, que queramos militarizar al país. Segundo, que queramos una Guardia Nacional militar. Disciplina militar, pero formación y función policial. Eso es lo que se quiere y por eso esta modificación ayuda a afinar ese tema en materia de la Guardia Nacional”, explicó el morenista.
El dictamen en lo particular con la modificación aceptada recibió la mayoría calificadas con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones.
El dictamen, además de la definición y función para la Guardia Nacional, estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
Asimismo, indica que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
En los artículos transitorios, se da un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico en la materia.
Mientras tanto, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.
El dictamen aprobado forma parte de la batería de reformas, conocidas como el plan C, que remitió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero.