En su movimiento por regularizar a las unidades y regresar 3,500 permisos de taxis a los municipios correspondientes y no reasignarlos fuera de su zona para así combatir el servicio “pirata” que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros son los motivos por los que Erika Díaz, presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla, ha recibido amenazas por parte del titular de la Secretaría de Movilidad, Omar Álvarez Arronte y de Leobardo Soto, líder de la CTM.
En entrevista con 24 Horas Puebla, la líder de los taxistas en Puebla comentó que ya ha presentado su denuncia formal ante la Fiscalía del Estado por las agresiones de las que ha sido víctima por parte de los funcionarios, “cuando pensamos que no podíamos estar peor, llega un Álvarez Arronte acompañado de su subsecretario Hugo Cruz, ambos expolicías que no tienen conocimiento en transporte y al simple estilo de los judiciales, llegaron a amenazarme a mis oficinas precisamente por mi lucha. Llegaron a amenazarme porque puse sobre la mesa toda la corrupción y la complicidad que ya tenían apalabrada y que hoy han concretado con los grandes y pequeños grupos de transportistas piratas y que no podemos seguir permitiendo, porque además de ser un delito, pone en riesgo la seguridad de las pasajeras y tomemos en cuenta que Puebla ya cuenta con 50 municipios con alerta de género”, comentó.
Como parte de su movimiento, mencionó que está buscando por comprobar que el 80 por ciento de las unidades de transporte que ofrecen servicio ejecutivo en Los Fuertes no cuentan con regulación correcta, sólo con autorizaciones que les otorgó la CTM, gracias a la mancuerna que esta organización hizo con el secretario de Movilidad, pero que no cuentan ni con las condiciones ni con la capacitación que un conductor de taxi debe tener.
“En el caso de Los Fuertes, ahora que se realizó este evento en donde llegan jóvenes médicos de diversas partes de Puebla, de México y de Centroamérica, más del 80 por ciento de las unidades que la señora Dulce Castellanos tenía eran coches particulares, que no puedes identificar ni comprobar que cuentan con los reglamentos bases para darte un servicio. Ellos tenían 10 coches y por nuestra parte había 120, pero la diferencia es que nosotros sí contamos con pruebas y capacitaciones adecuadas para brindar la atención”, reveló la lideresa.
“Lo que he denunciado es que Omar Álvarez Arrota apoya a la 28 de Octubre para que pueda utilizar transporte público como taxistas, pero a mí me niega un sitio aunque presente todos los documentos reglamentados derecho, olvida que el transporte pirata es un delito y que yo esté impulsado esta gestión de regulación ha provocado estas amenazas directas o por terceros, porque quiere quitarme todo, es decir ejerce sobre mí violencia por intento de asesinato y violencia patrimonial porque se está metiendo con mi patrimonio y mi trabajo”, remarcó la líder.
Cabe destacar que la líder de taxistas en Puebla señaló que el servicio de transporte pirata está tipificado en el Código Penal del Estado y puede llegar a alcanzar seis años de prisión y multas hasta de 100 UMAS.