PABLO RUÍZ MEZA
Sexenio tras sexenio, salvo el obradorista, el Gobierno federal ha ofrecido el saneamiento del río Atoyac; ahora hizo lo propio la entrante presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, no destinó un solo peso para rescatar esta cuenca, de las más contaminadas del país.
Los gobiernos morenistas locales hicieron lo propio, Miguel Barbosa Huerta (+) y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dejaron en el olvido el afluente y se lavaron las manos, sin mover un solo dedo para frenar la contaminación.
Si bien durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (+) se concentró en la creación del Parque Metropolitano, fue insuficiente porque solo se maquilló de fachada, porque la federación no aportó recursos para el saneamiento y rescate.
Pasaron gobiernos priistas, panistas y morenistas y el rescate del río Atoyac fue ignorado, porque significaban destinar recursos financieros calculados en seis mil millones de pesos para el rescate, pese a los graves daños ambientales.
Las omisiones negligentes gubernamentales se agravaron en el sexenio de López Obrador donde no solo ignoró la gravedad de la contaminación de la cuenca, y del resto de medidas de protección al medio ambiente, sino que desmanteló el presupuesto e infraestructura de Semarnat y Profepa.
Después de la destrucción ambiental en el estado de Yucatán para la construcción del Tren Maya, el empecinamiento a apostarle al petróleo con la refinería Tres Bocas y la contaminación de Pemex en Cadereyta, Nuevo León, explica el olvido obradorista del Atoyac.
Ante las constantes violaciones a las leyes ambientales por las industrias y los municipios de Puebla y Tlaxcala que arrojaban aguas residuales sin ningún tratamiento, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente fue desmantelada y no había personal para inspeccionar y sancionar.
Lejos de contribuir a la protección y el saneamiento del río, los gobiernos locales de Puebla y Tlaxcala, emanados de los todos signos partidistas, cada año optaron por la simulación firmando acuerdos de coordinación a favor del Atoyac, que solo quedaron en buenas intenciones.
El último acuerdo, para la foto, hicieron lo propio los mandatarios morenistas de Puebla y Tlaxcala, Sergio Céspedes y Lorena Cuéllar, respectivamente.
No se podía esperar el cumplimiento de la gobernadora a quien sus propios gobernados le reclaman haber autorizado una obra carretera que daña la reserva de las Luciérnagas.
Tanto las autoridades ambientales de la federación como de los estados se hicieron de la vista gorda ante las graves violaciones ambientales de las empresas textileras y de otras industrias que siguen arrojando desechos contaminantes, como lo hicieron los municipios en la cuenca.
Uno de los hechos recientes en Puebla que dañó la ribera del río Atoyac, con la complicidad gubernamental, fue la invasión con escombros de una barranca por la agrupación Antorcha Campesina, al sur de la ciudad capital.
Pese a las denuncias vecinales por el daño ambiental por la invasión de la propiedad federal con el arrojo de escombro ilegal con carros de volteo antorchista para favorecer la edificación de viviendas irregulares con las que se han enriquecido los líderes antorchistas, nada hicieron para impedirlo
Por intereses políticos electorales, tanto el gobernador Sergio Céspedes como el entonces alcalde poblano Eduardo Rivera Pérez, hicieron mutis y le dieron protección al antorchismo para causar un daño ambiental irreversible, y poner en riesgo la zona habitacional.
Con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de incluir entre los 100 acciones de gobierno el saneamiento del río Atoyac, lo menos que merece es el beneficio de la duda.