Luego de que militares abrieron fuego en contra de migrantes en Chiapas, dejando un saldo oficial de seis muertos y 12 lesionados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos e informó que los soldados implicados ya fueron separados de su cargo y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguró que no se puede volver a repetir la situación, donde elementos del Ejército abran fuego contra civiles o migrantes en el país.

Más tarde, la FGR informó a través de un comunicado que ya se había solicitado “en forma urgente, al Instituto Nacional de Migración (INM), toda la información”. 

A su vez la dependencia indicó que ha solicitado a la Interpol y la Cancillería de Guatemala datos que aporten a la investigación; de igual manera reportó que las personas fallecidas son un hondureño, un peruano y tres egipcios, mientras que las personas ilesas son ciudadanos de Cuba, Nepal, Pakistán, la India y Egipto.

Al respecto, el gobierno de Perú exigió a México una investigación por el ataque.

Aunado a ello, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) rechazó el uso desproporcionado de fuerza letal por parte del Ejército; a través de un comunicado los obispos destacaron que esta tragedia surge no como un hecho aislado, sino como consecuencia de la militarización de la política migratoria y una mayor presencia de Fuerzas Armadas en la frontera sur del país, la cual ha sido una constante.

“Por la naturaleza y gravedad de los hechos y al existir un contexto de violación sistemática de derechos humanos, así como una política migratoria, el Estado mexicano está obligado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva; de lo contrario, resultaría de algún modo, auxiliados por el poder público comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano”.

En este sentido, solicitaron a las autoridades adoptar medidas de no repetición para limitar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de orden público y revisión migratoria.

Por su parte, en el Senado, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de los migrantes asesinados por elementos del Ejército cuando circulaban sobre la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas.

Al respecto, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya calificó los hechos como una “tragedia” y dijo que esto es “consecuencia de pedirle a los militares que hagan tareas de seguridad pública”.

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