Gerardo Gutiérrez Candiani
En medio de la enorme incertidumbre en el clima de negocios en México ante reformas constitucionales que pueden alterar profundamente y en un sentido disolvente la democracia y el Estado de derecho, desde el Gobierno Federal se llama a empresas, en particular extranjeras, a apostar por el país y confiar que sus inversiones estarán seguras y protegidas. Básicamente, por la simple palabra desde el poder político.
Pareciera que no se entiende que eso refleja justo lo que está generando incertidumbre.
La inquietud externada lo mismo por asociaciones empresariales que bancos globales o calificadoras es precisamente la destrucción de las instituciones que sustentan un marco de certeza jurídica. Lo contrario a regímenes donde la “certeza” depende de la discrecionalidad del poder político o poderes de facto.
La retórica y las promesas difícilmente pueden suplir la confianza que da una solidez institucional.
Cierto: en países no democráticos y sin Estado de derecho hay inversiones. Pero no las que necesitamos aquí, en cantidad y calidad.
Éstas requieren acceso competitivo a mercados con ventajas logísticas y comerciales. México cuenta de forma sobresaliente con ello, junto con clústeres de clase mundial.
Asimismo, de una infraestructura competitiva, incluyendo suministro energético seguro, a costo competitivo y preferentemente de fuentes limpias, en lo que tampoco vamos bien, pero podemos avanzar rápido si se dejan atrás las ataduras ideológicas.
Pero, quizá aún más decisivo, se necesitan instituciones fuertes, y no de cualquier tipo: las del Estado democrático de derecho. Por las que hemos luchado en nuestra historia, que comparten nuestros principales socios económicos y que propician las inversiones de alto valor agregado, capaces de impulsar un desarrollo acelerado, sostenible y que detone la movilidad social.
Que den un piso elemental de certidumbre para trabajar e innovar, comprar y vender, firmar contratos, crear empleos formales, competir, tener garantía de propiedades y derechos fundamentales, y capacidad de defenderlos ante tribunales imparciales. Con división de poderes para empoderar a los ciudadanos y limitar al poder. Eso no puede ser suplido por promesas de este último.
La incertidumbre ante algo tan fundamental bien puede poner disminuir o pausar la inversión, como parece ya estar haciéndolo con en el nearshoring. Máxime porque se da junto con otra fuente de nerviosismo: las elecciones en Estados Unidos.
Hoy vemos grandes paradojas y cifras contradictorias entre el inmenso potencial del país para la relocalización de plantas y cadenas de suministro y lo poco que se ha materializado de éste. Peor aún, con riesgos de que se disipe la oportunidad. Muy interesante el reporte del Banco de Pagos Internacionales (BIS) sobre el tema, con análisis objetivo de hechos, contra las especulaciones que han sido comunes.
Nuestra producción manufacturera ha estado en auge, y 80% de nuestras exportaciones va a Estados Unidos y 90% son manufacturas. Después de una sólida recuperación tras la pandemia, ya es 10% mayor que a fines de 2019, mientras la estadounidense ha crecido 1% apenas. Eso indica un impacto. Sin embargo, el crecimiento del empleo manufacturero en nuestro país se ha desacelerado recientemente.
Hoy, de acuerdo con diversos estudios: logística, 50% de importancia, seguida por marco regulatorio, 20%, y seguridad, 15 por ciento. Claramente, México hoy no tiene las cartas más fuertes en varios aspectos.
Lo que parece está siendo decisivo, al menos para la incertidumbre y la pausa evidentes, es el retroceso institucional que estamos viviendo, cuyo efecto se potencia al darse, inoportunamente, al mismo tiempo que en Estados Unidos avanza una propensión al proteccionismo comercial.