Era lógico la gran expectación que había sobre el Paquete Económico que presentaría la Secretaría de Hacienda. Más que por ser el de un primer año de Gobierno Federal, por el enorme aumento del déficit que heredó el anterior. Queda claro que se busca contrarrestarlo, pero no si la fórmula alcanzará para avanzar lo necesario al respecto y cubrir riesgos de males mayores.
Efectivamente, se alista el inicio de un importante proceso de consolidación fiscal, es decir, reducción del déficit mediante recorte del gasto y/o aumento de ingresos. Sin embargo, de entrada, los pronósticos económicos que sustentan las proyecciones de ingresos y gastos son demasiado optimistas, dejando un superávit de incertidumbre sobre la efectividad e incluso la viabilidad de las soluciones esbozadas.
Hacienda afirma que el Paquete muestra el compromiso “con una gestión responsable y prudente de las finanzas públicas”, pero esas bases de sus Criterios Generales de Política Económica no abonan parecen ir en esa línea.
Proyecta que México crecerá entre 2 y 3 por ciento en 2025, “respaldado”, dice el comunicado, “por un mercado laboral sólido, un consumo privado robusto y niveles elevados de inversión pública y privada, con un enfoque en la inclusión regional”.
No obstante, en todos los motores económicos –inversión, empleo, consumo, economía estadounidense– hay indicadores o señales de desaceleración, con visos de agudización hacia 2025, año en que, muy probablemente, se repetirá el descenso en el dinamismo tradicional en casi todos los de inicio de sexenio: quizá, en esta ocasión, no tanto por la curva de aprendizaje en la administración pública, dado que no hubo alternancia partidaria, pero sí, y tal vez mucho más, por la pausa en proyectos e inversiones del sector privado, máxime porque ahora hay una dosis adicional de incertidumbre por la segunda presidencia de Donald Trump.
Para este año, la previsión oficial de crecimiento es entre 1.5 y 2.5 por ciento, o 2%, medio punto porcentual más que la expectativa de “consenso” de analistas. Para 2025, la brecha se dispara: 2.5% oficial frente a 1 por ciento. No por nada Moody’s, un día antes de la presentación del Paquete, cambió la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de estable a negativa, aduciendo un deterioro institucional y fiscal.
Por lo pronto, Hacienda está proponiendo una reducción del déficit presupuestario del 5% del PIB en 2024 al 3.2% en 2025, lo que permitiría, afirma, mantener la deuda pública en un nivel sostenible de 51.4% del PIB.
Con el déficit considerado en su definición más amplia, de Requerimientos Financieros del Sector Público, se apunta a bajarlo a 3.9% desde cerca de 6%, en vez de llevarlo hasta un 3%, como había planteado en los Precriterios de Política Económica de marzo. Es más realista y, desde luego, más sensato, ante el fantasma de una recesión.
Efectivamente, como apunta el análisis preliminar del Paquete Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), no hay forma de evadir el deterioro fiscal que se precipitó con el crecimiento desproporcionado del gasto en 2023 y sobre todo en el presente año. El nuevo gobierno se está viendo obligado a ajustarlo, de 9.22 billones de pesos en 2024 a 9.30 billones en 2025: una reducción de 3.3% en términos reales.
Con recortes que resentirá la población.
Siguiendo el análisis del IMCO, las prioridades de gasto en 2025 se ven claramente apuntando a los programas y los proyectos de inversión prioritarios de la pasada administración y su continuidad en la nueva, los cuales contarán con un presupuesto total de 1.02 billones de pesos, 11% del presupuesto total: 17 programas sociales (835.7 mil millones) y 10 proyectos de inversión (189.0 mil millones).
En cambio, vuelve a bajar, y radicalmente, lo asignado a Salud, con menoscabo de 34%, que no parece compensar lo que se está destinando al IMSS; a Seguridad y Protección Ciudadana, -36%; a Medio Ambiente y Recursos Naturales, -40 por ciento. Aunque mucho menos, 1.5%, también se recorta el gasto en educación.
Está claro dónde están las prioridades. Tanto las que llevaron, en la recta final del anterior gobierno, al mayor déficit público en tres décadas y no está claro que será suficiente para sanear las cuentas y minimizar el riesgo de degradación en la calificación crediticia.