Por Pascal Beltrán del Río
El mapa electoral del país surgido de los comicios estatales del pasado 5 de junio sugiere la fuerte presencia de un bipartidismo PRI-PAN.
De entrada, de las 12 elecciones para gobernador que tuvieron lugar, el PAN ganó (solo o en coalición) siete de ellas, mientras que el PRI (siempre en coalición) se quedó con cinco.
En esos 12 estados, el PRD pudo ganar, acompañando al PAN, tres gubernaturas. Sin embargo, se vio desplazado por Morena como tercera fuerza, cuando se hace el compilado de votos obtenidos en esas entidades.
Aunque la izquierda puede atribuir su mal desempeño en las urnas —hace un mes— a la escisión a la que dio lugar el surgimiento de Morena en 2014, lo cierto es que el espacio para una tercera fuerza se vio mermado en las pasadas votaciones.
En una revisión de los datos electorales en siete de los 12 estados donde se eligió Congreso local, los ciudadanos dieron lugar a una lucha entre dos partidos —PRI y PAN— por la supremacía en ocho de cada diez distritos legislativos estatales.
Las entidades en cuestión son Aguascalientes, Baja California, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, cuyos votantes suman 15% del total de la lista nominal del país. En conjunto eligieron allí a 137 diputados de mayoría relativa el mes pasado.
De esos 137 distritos, el PAN y el PRI (solos o en coalición) obtuvieron juntos más de la mitad de los votos emitidos en 110 de ellos.
Más aún: salvo en cuatro de esos 137 distritos, quien obtuvo la mayoría de los votos fue un candidato postulado por el PAN o el PRI (solos o en coalición). Y esos dos partidos (o las coaliciones que encabezaron) quedaron en primero o segundo lugar en 106.
En 65 de esos distritos, PRI y PAN concentraron juntos más de 60% de los votos emitidos.
Con un fuerte bipartidismo PRI-PAN en esos siete estados, y con evidencias de que se replica en varios más, ¿cabe la posibilidad de que una tercera fuerza logre desplazar a los dos punteros de aquí a los comicios presidenciales de 2018?
No habría que descartarlo, porque la elección para Presidente de la República tiene una lógica distinta y se mueve por otros factores que los comicios para gobernador o para otros cargos.
Sin embargo, la fuerza que aspire a hacer eso tendría que comenzar a desarrollar una estrategia en ese sentido, sobre todo en el terreno de la movilización de electores.
Salvo que en los comicios del año entrante se den nuevas alternancias en los estados, el PRI arribará a la elección presidencial de 2018 con 15 gubernaturas (sin contar Chiapas, formalmente en poder del Partido Verde), mientras el PAN tendrá ocho por cuenta propia y otras tres en cohabitación con el PRD, partido que, a su vez, tendrá cuatro. El estado que falta es Nuevo León, que gobierna un independiente.
A menos de que logre ganar alguna de las tres gubernaturas en juego en 2017, Morena no tendrá un estado en cuyo gobierno pueda apoyarse para movilizar votantes a las urnas.
Y aunque es cínico reconocerlo, a los partidos suele irles mejor en elecciones federales —sobre todo al PRI— en los estados donde tienen gobernador.
De darse una coalición PAN-PRD por la Presidencia, seguramente el candidato común contará con la colaboración de los 15 gobernadores que tendrán juntos o por separado en 2018, sin contar a los que pudieran sumar en 2017.
Una situación así fortalecería, teóricamente, a los polos encabezados por el PRI y el PAN. Sin embargo, no hay que descartar el empuje del sentimiento antisistema que pudiera convertirse en factor decisivo de la elección de 2018.
En eso, aun sin gobernadores, Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador, son una fuerza protagónica.
En una elección presidencial siempre están en juego las opciones de cambio y continuidad.
La primera de ellas la disputarán los partidos de oposición, principalmente PAN, PRD y Morena.
El PRI enarbolará la segunda, pues difícilmente su candidato presidencial pudiera tener éxito si se presenta como opción de cambio.
Ya en la campaña de 2012, la panista Josefina Vázquez Mota demostró lo equivocado que puede ser que el candidato del partido del gobierno pretenda seguir una ruta “diferente” a la de la continuidad.