En el empeño por liquidar instituciones con algún grado de autonomía o que puedan escapar al sometimiento, desde el poder político hoy dominante en México se ha esgrimido el argumento de hacer ahorros. En realidad, un pretexto para eliminar o nulificar cualquier instancia estatal con posibilidad de acotar de algún modo su discrecionalidad o diferir de sus decisiones y cuentas.
Tras el golpe al Poder Judicial, ahora toca al INAI, al Coneval, Cofece, IFT, Mejoredu, CRE y CNH sólo una reserva de sensatez ante graves consecuencias económicas ha salvado al Banco de México y al INEGI. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido capturada políticamente y su misión desvirtuada, como acaba de confirmarse. La Fiscalía General de la República (FGR) no ha dejado de dar muestras de sesgo político, sin que se vea un cambio en la impunidad que marca la vida pública en México. Desde 2019 se liquidó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En el fondo, se trata de acabar con la ventaja, de los ciudadanos y la democracia, de contar con contrapesos al poder político para, precisamente, poder contener abusos y mitigar los efectos de éstos y de malas decisiones e incompetencias. Incluyendo los altísimos costos y pérdidas que puede dejar el poder ilimitado, cuando no está sometido a controles ni a rendición de cuentas del uso de las facultades y los recursos que les han sido confiadas de forma condicionada y temporal, no ilimitada y permanente.
Nada de esto es por “austeridad republicana”.
El financiamiento de estas instituciones no le llega ni a los talones a las inmensas pérdidas producto del despilfarro generado por la arbitrariedad y la improvisación que ha habido en la toma de decisiones en el Gobierno Federal y sus dependencias.
En México, hoy estamos viendo una distorsión de este principio, tan sencillo, pero elemental y que hace puede hacer la diferencia sobre si hay o no democracia y Estado de derecho. Con un gobierno en turno que pareciera querer absorber por completo al Estado. Hoy liquidando a los organismos autónomos y en adelante, según la ruta del “plan C”, la escasa independencia que queda en las instituciones electorales, así como con la pluralidad política restante en el Congreso, al ir por la eliminación de los legisladores de representación proporcional.
Por eso se habla de un ahorro, pero no se dice que éste, si es que de verdad lo hay para el gobierno, se hace a costa del Estado mexicano y del bien común.
El Inai representa solo 0.01% del gasto total federal. Ha costado 65 centavos mensuales a cada mexicano: ¿cuál es el valor de que la información gubernamental sea accesible? Que no pueda ser negada por decisión discrecional de políticos y funcionarios públicos.
Impedir esto último solo es posible con una institución independiente que, por eso mismo, los pueda obligar a compartir la información que es pública, es decir, de todos.
Es claro quién pagará el alto costo de liquidar instituciones y contrapesos.