El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado la decisión de recortar 949 millones de pesos de su presupuesto operativo para destinar esos recursos a la organización de la elección judicial, considerada la más compleja de la historia. Según los anexos del Presupuesto de Egresos de 2025, este ajuste fue necesario debido a un recorte generalizado de 13 mil 476 millones de pesos determinado por la Cámara de Diputados.
Entre los rubros afectados, se destacan áreas cruciales como la Operación de Módulos, el Padrón Electoral, la fiscalización de organizaciones políticas y la transparencia, con un recorte de 9.4 millones de pesos para el sistema Infomex y la atención de solicitudes de información. Además, las oficinas de los representantes de partidos políticos y consejeros legislativos experimentarán una reducción significativa en su presupuesto, que pasará de 117 millones de pesos a 54.7 millones de pesos.
Uno de los proyectos más afectados es la elección judicial, con un recorte de casi el 50% en la promoción del proceso electoral, reduciendo su presupuesto de 8.4 millones a 4.4 millones de pesos. Además, la organización de debates y foros entre los candidatos al Poder Judicial verá una reducción de 12.8 millones de pesos, pasando de 26.6 millones a 13.8 millones de pesos. En comparación, los debates presidenciales de 2024, con solo tres candidatos, tuvieron un presupuesto promedio de 10 millones de pesos.
El recorte al presupuesto del INE también afectó la instalación de la Macrosala de Prensa y la Feria de Medios, recortando los recursos de 17.1 millones a 4 millones de pesos. Además, la contratación de auxiliares jurídicos para las juntas distritales y locales también verá una reducción importante, pasando de 66 millones de pesos a 30 millones de pesos.
El presupuesto total del INE para 2025 se fijó en 27 mil 56 millones de pesos, de los cuales 7 mil 354 millones de pesos serán destinados a las prerrogativas de los partidos políticos, 12 mil 305 millones de pesos para el gasto operativo y 6 mil 219 millones de pesos para los comicios judiciales.
Este ajuste es una medida para cumplir con la organización de una elección judicial que promete ser histórica, en un contexto de recorte presupuestal a nivel nacional.