Integrantes del Consejo de Comerciantes de la Central de Abastos de Puebla exigieron más operativos de parte de las autoridades, tras el asesinato de Norma N, una locataria que perdió la vida en un intento de asalto, el pasado 11 de enero. 

En rueda de prensa, los representantes del organismo informaron que la inseguridad aumentó dentro y fuera de la zona de distribución, pues clientes y trabajadores han sido víctimas de asaltos a mano armada, así como robos de autos y mercancías. 

Por lo anterior, pidieron una reunión con el gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal, José Chedraui Budib, con el objetivo de abrir un diálogo para llegar a acuerdos que garanticen la tranquilidad en el inmueble. 

“Hacemos un llamado al señor gobernador para que pueda atender y se establezcan las medidas necesarias que brinden certeza en materia de seguridad”, afirmaron. 

Los comerciantes, también hicieron un llamado a la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, para involucrarse en las diligencias del homicidio de su compañera, ocurrido el sábado pasado. 

“No es posible que aun existiendo denuncias no haya resultados por parte de las autoridades”, señaló un líder de la agrupación comercial.

Debido a ello, amagaron con manifestarse el próximo miércoles 15 de enero para exigir operativos que restablezcan la calma en la Central de Abastos y sus alrededores.

CONCLUYE CONVENIO 

Además, los comerciantes revelaron que concluyó el convenio que mantenían con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal, para la realización de patrullajes en la zona norte de la capital. 

En este sentido, explicaron que las seis motopatrullas de la marca BMW que los locatarios del inmueble facilitaron, nunca fueron usadas por los agentes de la corporación. 

En respuesta, el titular de la SCC, Fernando Rosales Solís, afirmó que los uniformados realizan recorridos permanentes para garantizar la seguridad. 

Rosales Solís reconoció que el delito que más afecta a los locatarios es el robo de vehículos particulares y de transporte de carga, que ya están siendo atendidos por las instancias correspondientes. 

“Hemos estado trabajando constantemente con la Fiscalía General del Estado y los órdenes de Gobierno, por lo que ha habido una disminución de estos delitos considerable”, afirmó el funcionario municipal.

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