Con mediación del gobierno del estado la paraestatal dijo que evitará cualquier tipo presión en la zona
Por Mario Galeana
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió ante el gobierno del estado a cejar en su intento de cortar la luz de manera permanente en la región de Huauchinango, como medida de presión por el adeudo de 470 millones que reclama a la población desde 2009.
Apenas el 8 de julio pasado personal de la paraestatal se trasladó a Huauchinango para realizar un corte de luz, lo cual fue impedido por los habitantes del municipio.
Ayer, habitantes de la región, agrupados en un frente de resistencia nombrado Ciudadanos Unidos, se reunieron con el subsecretario de Gobierno de Puebla, Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien sería el intermediario para resolver el conflicto entre la población y la paraestatal.
En la reunión, la organización detalló al subsecretario de Gobierno su temor ante la posibilidad de que la paraestatal haya promovido denuncias en contra de algunos habitantes de la región.
“El gobierno del estado está enterado pero no se puede comprometer a que la CFE retire esas denuncias. El gobierno no tiene ninguna condición para resolver el problema; es un asunto que debe resolverse con la Federación”, planteó Jorge Luis Fuentes Carranza, de Ciudadanos Unidos, en entrevista telefónica.
El 98% de los habitantes de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo no tienen contrato con la CFE desde hace siete años, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, empresa que dotaba del servicio a la región.
El servicio de luz continuó otorgándose a la región sin que los pobladores tuvieran posibilidad de cubrir el costo del mismo, pues no había infraestructura de la paraestatal.
Sin embargo, desde principios de este año la CFE inició apagones esporádicos como medida de presión para la exigencia del adeudo arraigado desde 2009, valuado en 470 millones de pesos aun cuando la CFE no ha colocado medidores en los domicilios.
Ahora, personal de la paraestatal se trasladó a la región para instalarlos, sin embargo, “lo han hecho de manera ilegal porque ni siquiera notifican a los usuarios”, acusó Fuentes Carranza.
“Retiran los medidores antiguos cuando, en realidad, son propiedad del usuario, según lo establece su contrato original. Los sustituyen con medidores de la CFE. Pero en ese afán de hacerlo han llegado a meterse a los patios de la gente, invadiendo las propiedades”, concluyó el integrante de Ciudadanos Unidos.