El segundo mandato de Donald Trump arranca con una fuerte ofensiva legal contra sus polémicas órdenes ejecutivas en materia migratoria. Más de 20 fiscales generales demócratas y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han presentado demandas para frenar medidas que consideran inconstitucionales.
Ciudadanía por nacimiento, en el centro del debate
El principal frente legal es la orden de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento protegida por la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868. Este derecho otorga la ciudadanía automática a quienes nacen en territorio estadounidense.
Trump argumenta que el principio ha sido "malinterpretado" y busca excluir a hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal, lo que afectaría a miles de niños a partir del 19 de febrero.
William Tong, fiscal general de Connecticut, calificó la medida como “ilegal” y una afrenta a los valores de Estados Unidos. Por su parte, Matt Platkin, procurador de Nueva Jersey, criticó que “los presidentes no son reyes; no pueden reescribir la Constitución”.
Otros frentes legales
La ciudadanía no es el único desafío. Trump reactivó el programa Quédate en México, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en el país vecino mientras se procesan sus casos. También busca invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener a migrantes, algo que expertos legales consideran inviable.
Además, el mandatario planea reasignar fondos federales y reiniciar la construcción del muro fronterizo, lo que reavivaría litigios sobre los límites de su poder presidencial.
Comparativa con administraciones previas
Aunque Trump endureció las políticas migratorias, su número de deportaciones es menor que el de administraciones anteriores. Durante su primer mandato, registró 1.5 millones de deportaciones, frente a los más de 12 millones de Bill Clinton.