En varias ocasiones, a lo largo de su lucha contra la Reforma Educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha buscado impedir las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En agosto de 2013, mientras la Ley General de Educación y la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación eran discutidas en la Cámara de Diputados, los maestros disidentes bloquearon los accesos al aeropuerto, ocasionando retrasos de hasta 12 horas en los vuelos.
La Coordinadora repitió la medida, con menos éxito, en septiembre y octubre.
El mes pasado, menguada su fuerza en la capital, intentó marchar nuevamente hacia la terminal aérea, pero fue encapsulada por granaderos y obligada a permanecer en el perímetro de su campamento, en la Plaza de la Ciudadela.
Sin embargo, hace unos días, la CNTE estuvo a punto de lograr la paralización total de las operaciones en el AICM. Lo curioso es que, fuera de algunos funcionarios federales, a los que alarmó esa situación, nadie más se enteró.
El hecho ocurrió a consecuencia de los bloqueos en la zona de Salina Cruz, que comprometieron la producción de combustibles en la refinería Antonio Dovalí Jaime.
De esa instalación sale alrededor de 22% de la gasolina que se produce a nivel nacional, la cual llega a puntos tan lejanos como los estados de Sinaloa y Sonora.
Asimismo, en la refinería de Salina Cruz se genera 27% de los 60 mil barriles diarios de turbosina que se consumen en México, y es segunda en ese rubro detrás de la de Tula.
El AICM, con sus 58 despegues y aterrizajes por hora, necesita 35 mil barriles diarios de turbosina.
Pemex surte la mayoría de ella desde Tula, mientras que el resto proviene normalmente de la refinería de Salina Cruz y, de manera complementaria, envía combustible importado que llega a la terminal marítima de Pajaritos, Veracruz.
Los bloqueos de la CNTE en el Istmo de Tehuantepec, aunados a las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos, han implicado un reto para mantener la producción y distribución de combustibles.
A finales de junio, los inventarios de turbosina en el aeropuerto capitalino llegaron a estar en niveles que fuentes consultadas por este reportero calificaron como alarmantemente bajos.
Eso llevó a la empresa productiva del Estado a echar a andar una logística emergente que fue coordinada directamente por el director general de Pemex, José Antonio González Anaya.
El primer paso fue incrementar la producción de turbosina en la refinería Miguel Hidalgo, de Tula, en 20 por ciento.
El segundo, aumentar la importación de cargamentos adicionales del combustible a través de Pajaritos. Desde ahí se transportaron ocho mil barriles diarios vía autotanque a la Ciudad de México, lo que implicó alrededor de 30 pipas de las llamadas full (con capacidad de 45 mil litros cada una) al día.
El tercero fue disponer de un barco que zarpó de la terminal marítima de Salina Cruz hacia Acapulco, para trasladar la turbosina que no podía salir vía terrestre. De Acapulco se transportaron 30 mil barriles, mediante más de 100 pipas, a la zona metropolitana de la capital del país.
Esas tres decisiones permitieron incrementar la capacidad de inventarios de turbosina en el Valle de México, que incluyen tanto las reservas propias del AICM como las de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Azcapotzalco.
De no haber sido por esta estrategia, las operaciones en el AICM se hubieran tenido que detener. Es fácil imaginar el caos en un aeropuerto que mueve a 38 millones de pasajeros al año, esto es, casi un Estadio Azteca al día.
Igual que para el suministro de alimentos en Oaxaca
—para lo cual se movilizó incluso a la Fuerza Aérea—, en este caso las autoridades no se cruzaron de brazos.
Tal vez la negociación con la CNTE no haya salido del callejón en el que se metió, pero el gobierno respondió con eficacia al riesgo de suspender operaciones en el AICM, un efecto seguramente insospechado para la Coordinadora.
Pero no tenía de otra: igual que ante la escasez de alimentos, las consecuencias de esa parálisis las habría pagado el gobierno, no la CNTE.