PABLO RUIZ
La desaparición del IMSS-Bienestar para trasladar servicios y costos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS mediante un decreto presidencial, así como la imposición de reformas a la Ley del ISSSTE, están en marcha.
Mientras Claudia Sheinbaum convoca a mítines patrioteros en el Zócalo para “defender” la soberanía nacional contra la incursión de grupos de élite de Estados Unidos para capturar a capos de la droga, de manera paralela continúa la embestida contra trabajadores y los servicios de salud.
La crisis comercial por los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones y la violencia derivada de la guerra declarada por Sheinbaum -por órdenes de Donald Trump- a los cárteles de droga, han servido de fachada al Gobierno de la 4T.2 para apropiarse de los fondos de vivienda de los maestros.
En el primer caso, la desaparición del IMSS-Bienestar que sustituyó al Insabi, se perfila como un nuevo fracaso porque no hay recursos financieros, y ahora pretende mediante decreto presidencial pasarlo al IMSS.
Con esta medida, los trabajadores y sus derechohabientes asegurados por el pago de cuotas al IMSS, compartirán los servicios médicos y hospitalarios con personas que no cuentan con seguridad social y eran atendidos por el IMSS-Bienestar.
El programa IMSS-Bienestar lo constituyó el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante acuerdos con los gobernadores para que cedieran al IMSS-Bienestar los activos como hospitales, clínicas y centros de salud, así como las plantillas de personal y el presupuesto anual.
Ante el evidente fracaso del modelo de salud obradorista, el Gobierno de Claudia Shenbaum afina el decreto presidencial para desaparecer el programa IMSS-Bienestar.
Este programa quedó fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y opera con recursos extraordinarios del IMSS, suficientes sólo hasta marzo.
A partir de abril, no existe financiamiento garantizado, reveló Juan Manuel Lira a la prensa especializada en finanzas.
La relevancia de este programa radica en su presencia en 19 estados, con 82 hospitales rurales y más de 3 mil 600 unidades médicas que atienden a 11 millones de personas sin seguridad social en zonas de difícil acceso y alta marginación.
Sin embargo, las restricciones presupuestales amenazan su continuidad y la de miles de trabajadores del sector salud.
El Consejo Técnico del IMSS autorizó en enero un rescate financiero temporal haciendo uso de las reservas del instituto para mantener el programa a flote hasta marzo de este año.
El problema no es sólo el pago de la nómina en marzo, tampoco hay presupuesto para cubrir el pago de finiquitos de su personal jubilado ni para insumos médicos y logística.
En este contexto, con el agravamiento en abril de las finanzas del IMSS, se estima que la presidenta Sheinbaum emita un decreto presidencial para desaparecer formalmente el Programa IMSS-Bienestar e integrarlo al IMSS ordinario.
No hay recursos financieros que garanticen la atención médica de la población no asegurada porque tan solo en 2024 el programa IMSS-Bienestar requirió 21 mil millones de pesos, cifra que no tiene asegurada para este 2025, porque no están considerados en el presupuesto anual.
Pero hay más regresiones en el sector salud, relacionadas éstas con los trabajadores al servicio de los poderes del Estado afiliados al ISSSTE.
En la iniciativa de reforma está incluido en el sistema de pensiones, en tanto que a los activos, incluidos los maestros, viene la guillotina a salarios, prestaciones y edad jubilatoria.