Donald Trump está inmerso en una batalla legal tras la deportación de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que nunca se había aplicado en tiempos de paz. La medida ha desatado controversia, ya que el juez federal James Boasberg ordenó suspenderla, pero la Casa Blanca insiste en que actuó conforme a derecho.
El juez Boasberg cuestiona al Departamento de Justicia
El juez James Boasberg cuestionó al Departamento de Justicia por no cumplir con su orden de frenar las deportaciones y retener información sobre los vuelos. "Una orden es una orden", sentenció, mostrando su desdén hacia la Casa Blanca por no respetar la decisión judicial.
Posición de la Casa Blanca: defensa y confianza
La Casa Blanca defendió su posición y argumentó que los vuelos de deportación despegaron antes de que la orden judicial fuera escrita. Karoline Leavitt, portavoz del gobierno, expresó confianza en que ganarán el caso: "Tenemos plena confianza en que ganaremos este caso", afirmó.
Conflicto constitucional sobre el alcance del poder presidencial
La Ley de Enemigos Extranjeros podría generar un conflicto constitucional. Abogados citados por medios estadounidenses señalan que desafiar una orden judicial de esta magnitud podría sentar un precedente peligroso sobre el alcance del poder presidencial en temas migratorios.
Venezuela condena la deportación como crimen de lesa humanidad
Venezuela calificó la deportación de sus ciudadanos como un crimen de lesa humanidad y exigió la repatriación de los migrantes. Aún se desconoce cuántos de los deportados estaban vinculados al Tren de Aragua, lo que añade más complejidad a la situación.