En comunidades latinas de California, crece el temor por las detenciones arbitrarias del ICE, que han derivado en denuncias por perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza.
Desde junio, los operativos se intensificaron en zonas como Los Ángeles. Aunque ICE asegura que sus acciones van dirigidas a personas con antecedentes penales, múltiples reportes contradicen esa narrativa.
Organizaciones civiles han documentado casos de ciudadanos estadounidenses detenidos sin motivo aparente, como Adrian Martínez y Arturo Hermosillo, quienes sufrieron lesiones al ser arrestados.
Ambos fueron detenidos de forma violenta: uno por defender a un compañero de trabajo y otro por grabar un arresto. Ninguno tenía historial delictivo ni opuso resistencia.
Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes usando gas lacrimógeno, armas no letales y tácticas de inmovilización prolongada, incluso en espacios públicos concurridos.
Abogados expertos advierten que estas prácticas vulneran derechos constitucionales, mientras ICE se niega a publicar cifras sobre detenciones erróneas o el uso de la fuerza.
Organizaciones como CHIRLA y MALDEF han iniciado acciones legales colectivas, alegando que los operativos se asemejan a “secuestros públicos” y violan el debido proceso.
Autoridades federales, por su parte, niegan cualquier sesgo racial y aseguran que las detenciones son legales y específicas, aunque no han ofrecido transparencia sobre los criterios aplicados.
El caso ha generado alarma entre familias latinas, donde incluso tener ciudadanía estadounidense ya no garantiza protección frente a detenciones arbitrarias por parte del ICE.
Este escenario refleja una contradicción dolorosa en Estados Unidos: mientras se proclama defensor de libertades, la identidad latina puede bastar para despertar sospechas.