Las redadas migratorias en California han dejado de ser simples operativos para convertirse en símbolo de una política de confrontación bajo la administración de Donald Trump.
En Los Ángeles, donde más del 35 % de la población es extranjera, la presencia de agentes federales ha generado un temor profundo entre comunidades migrantes.
Tom Homan, zar de la frontera, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, defendieron las acciones del ICE, argumentando que son operativos necesarios para la seguridad nacional.
Sin embargo, cifras oficiales indican que casi 2,800 personas han sido detenidas desde junio, la mayoría sin antecedentes penales.
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Pese a que un juez federal ordenó frenar las detenciones sin sospecha razonable, Homan admitió que factores como rasgos físicos o el idioma siguen influyendo en los operativos.
La Casa Blanca anunció que apelará el fallo, mientras Noem calificó la decisión como “ridícula” y “política”.
En MacArthur Park, punto emblemático para migrantes, los despliegues policiales han vaciado restaurantes, paralizado comercios y causado cancelaciones de actividades comunitarias.
Incluso se reportó la muerte de un trabajador agrícola durante una redada en la zona.
En ciudades como Pasadena, Altadena y Pacific Palisades, muchos trabajadores migrantes han dejado sus labores en limpieza y reconstrucción tras los recientes incendios forestales.
Organizaciones comunitarias han organizado redes de apoyo, pero el miedo persiste. “No saben si regresarán a casa”, declaró José Madera, de un centro de ayuda migrante.
Mientras tanto, el gobierno federal continúa con su estrategia de mano dura, aunque eso implique paralizar los barrios más necesitados del estado.
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