La iniciativa contra la extorsión, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Simultáneamente, Sheinbaum publicó once reformas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aprobadas por Morena y aliados durante el periodo extraordinario.
El Congreso centrará ahora sus esfuerzos en combatir la extorsión, delito que cuenta con una Estrategia Nacional desde el 6 de julio de 2025.
Entre enero y mayo, se registraron 4,882 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde 2015. En 2018 había 18.89 casos diarios; en enero de 2025, aumentó a 29.77, un alza del 57.62%.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de los casos.
Solo el Estado de México sumó el 33.1% de víctimas de extorsión en el periodo citado.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 clasifica la extorsión como delito de alto impacto, por las graves consecuencias para la sociedad y el Estado.
La iniciativa destaca que no hay homologación en las penas por extorsión. Las condenas varían entre 1 y 30 años en diferentes entidades.
El Código Penal Federal establece penas de 2 a 8 años. En Oaxaca, van de 1 a 3 años; en Chihuahua, de 5 a 30 años.
La propuesta busca unificar las penas a nivel nacional. La Secretaría de Gobernación advierte que esta disparidad dificulta el combate efectivo del delito.