El salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, de 29 años, vivió un proceso migratorio marcado por errores administrativos, acusaciones sin pruebas y decisiones judiciales que lo salvaron temporalmente. Deportado en marzo como parte de una ofensiva antiinmigrante del gobierno de Donald Trump, fue acusado de pertenecer a la pandilla MS‑13, sin tatuajes, confesiones ni testimonios creíbles que avalaran la acusación. Un juez federal en Tennessee ordenó su liberación bajo fianza, mientras se desahoga el juicio por presunto tráfico de migrantes. De forma casi simultánea, una jueza en Maryland, Paula Xinis, impidió su detención inmediata al salir, restituyó su estatus legal anterior y estableció que cualquier intento de expulsión futuro requiera notificación previa de al menos tres días.
El magistrado Waverly Crenshaw también se manifestó críticamente contra el caso: enfatizó que no había evidencia sólida que vinculara a Ábrego con pandillas y puso en duda al testigo clave por su historial criminal. La defensa acusa al Departamento de Justicia de demoras y decisiones “en secreto y sin aviso”, que atentaron contra los derechos básicos del migrante.
Este episodio simboliza una confrontación entre el poder judicial y la política migratoria del trumpismo, que ha sido criticada por su enfoque amplio, detenciones arbitrarias y errores con impacto humano. El caso de Ábrego revela cómo las acciones ejecutivas son desafiadas desde los tribunales, y evidencia la importancia del debido proceso y la protección legal ante decisiones de expulsión.
Por el momento, se desconoce la fecha exacta en que Kilmar Ábrego quedará libre. El procedimiento continúa y la atención pública crece ante las implicaciones de este precedente para otros migrantes en situaciones similares.